El Festival de Cannes no solo es el escaparate más codiciado de las apuestas más selectas del cine internacional, sino que este año se ha convertido también en un escenario para las reivindicaciones de los productores independientes españoles. Más enfadados que nunca, han subido al atril para cargar contra el Gobierno español. Tal y como argumentan, el texto final de la Ley Audiovisual, que se abordará este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados, puede causar un "desagravio" al sector. Es, según sus palabras, la "sentencia de muerte" de la industria.
El motivo del revuelo es un cambio a última hora del jueves de la semana pasada de una enmienda que, tal y como criticaron en un comunicado las principales asociaciones de productores del país (AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes, P.A.P., y PATE Productores audiovisuales), modifica la definición de productor independiente e impulsa una "concentración inmediata de la industria", tanto en el "duopolio televisivo actual" como en las "grandes plataformas internacionales", al tiempo que creen que amenaza la "diversidad cultural". En cifras, este cambio se traduce en un riesgo para 25.000 empleos, de los cuales se pueden perder 17.000 mientras que 7.000 pueden ver empeoradas sus condiciones.
De nuevo, este miércoles han alzado la voz en una rueda de prensa en la que han pedido a los grupos parlamentarios votar contra una norma que empuja a "una tierra yerma de creación de contenidos" para proteger al productor independiente que, según defienden, es el que contribuye a enriquecer "la marca de España". "Nos sentimos realmente mal y abandonados por el Gobierno", han enfatizado los productores.
De hecho, los presentes han señalado que ante la petición de una reunión del sector con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, aún no han recibido respuesta. Por su parte, Unidas Podemos, Bildu y ERC han presentado, unas horas más tardes de la rueda de prensa de los productores, una enmienda transaccional con el fin de cambiar el rumbo de la propuesta socialista.
¿Quiénes salen ganando con esta modificación? José Nevado, director general de PATE, ha explicado a Vozpópuli que con ese cambio en la definición de productor independiente "cualquier productora que esté participada por un operador que presta servicios de comunicación audiovisual puede resultar independiente". "De repente Telecinco va a poder hacer una película para cumplir con las obligaciones de los operadores con unas ventajas adicionales que no tienen el resto de las productoras, porque tanto Telecinco como Atresmedia han obtenido una licencia de emisión de manera gratuita y tienen la oportunidad de ofrecer como servicio adicional la promoción de contenidos en sus propios canales", apunta.
A esto se suman las ventajas frente a los "incentivos fiscales" y una competividad con sus ventanas de exhibición. "El nivel de concentración en los dos operadores es terrible", critica Nevado, que tilda de "desagravio" una situación de "difícil solución" que pasa por perder espacio para las productoras pequeñas que se convertirán en "subcontratas baratas" que trabajarán para las grandes productoras.
Ley audiovisual y la pérdida de la diversidad
Más allá de los aspectos técnicos de esta ley, uno de los efectos de esta ley audiovisual es la pérdida de la diversidad y un panorama homogéneo que pueden tomar las creaciones. En palabras de Nevado, "las líneas editoriales se van a concentrar en dos temas", al tiempo que se elimina el "valor añadido de un sector industrial que estaba creciendo a nivel global y se transforma en un sector de servicios".
Por su parte, Enrique Lavigne, productor de películas como Lo imposible (2012), de Juan Antonio Bayona, o La llamada (2017), de Javier Ambrossi y Javier Calvo, ha señalado a Vozpópuli que lo que se plantea con esta queja es que "existe una diversidad cultural" y que "las decisiones no se tomen en despachos exclusivamente". "No todas las películas se pueden diseñar de la misma manera y el talento necesita desarrollarse de una manera más espontánea, sin acudir muchas veces a criterios que están impuestos por las modas o las taquillas", ha defendido. A su juicio, "el modelo neoliberal no funciona en lo cultural". Además, está convencido de que "la repetición de fórmulas" lleva muchas veces al "empobrecimiento cultural".
El Gobierno necesita sacar adelante la Ley Audiovisual, que traspone una directiva europea. El plazo para incorporar a la legislación española las disposiciones de dicha normativa venció en septiembre de 2020, motivo por el que la Comisión Europea ha decidido recientemente denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que puede suponer no solo una condena sino conllevar también sanciones financieras.
Por primera vez todas las asociaciones que representan a los productores audiovisuales independientes se han puesto de acuerdo para criticar esta enmienda, presentada por el PSOE y que contó con el apoyo de Unidas Podemos, a pesar de suscitar dudas en la formación morada tras las críticas del sector, según recogió Europa Press.
Ante el "estupor" que manifestaron los productores desde ese mismo jueves y después de las críticas lanzadas desde Cannes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado este martes -cinco días después- que el PSOE "hizo pasar por enmienda técnica algo que supone un cambio de fondo en el sector", por lo que el grupo se ha comprometido a "revertir el cambio" en el futuro texto de la Ley Audiovisual.
Del mismo modo, Héctor Gómez, portavoz socialista en la cámara baja, señaló que seguirán "dialogando" y despejarán dudas en las "próximas horas", aunque aún no está claro si una medida que favorece a las televisiones va a experimentar cambios.
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