El conjunto de las actividades relacionadas con la propiedad intelectual generan 4% del PIB español; al menos así lo indica el primer folio del Proyecto de Reforma de la ley que rige estos asuntos. Sin embargo, a muchos, incluyendo sus responsables, el asunto parece darles exactamente igual. Ayer hubo tantas enmiendas para discutir -170- como tan pocos acuerdos -y, claro, tan poco debate-, que cuesta creer que tal cosa como la propiedad intelectual interese a alguien, incluso a quienes la legislan.
En una sesión inusualmente concurrida –y especialmente caótica: sin debate, ni método, ni ton ni son- de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, se aprobó este martes –con 22 votos a favor y 20 en contra- el proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que pasará al Senado en septiembre para continuar su larga y farragosa tramitación.
Como la Ley de Mecenazgo, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha sido uno de los grandes proyectos de los populares desde antes de llegar al poder. Sin embargo, sus demoras y postergaciones han sido innumerables. Casi tanto como las interrupciones, chascarrillos y errores que dominaron la sesión de este martes y en la que, se supone, debía de perfilarse una discusión final para sacar adelante acuerdos en un instrumento de vital importancia para las industrias culturales en España.
La desbandada de algunos diputados fue progresiva y vergonzosa (“Vota tú por mí, que se va el AVE”, se escuchaba).
En medio de una votación confusa, apresurada y atropellada -la desbandada de algunos diputados fue progresiva y vergonzosa (“Vota tú por mí, que se va el AVE”, se escuchaba)- , luego de tres horas de sesión se incorporaron 20 enmiendas, algunas de ellas volcadas en la lucha contra la piratería a través de la Comisión de Propiedad Intelectual, cuya lenta e ineficaz actuación ponen en tela de juicio el papel de este organismo.
Otras enmiendas iban encaminadas a profundizar “los mecanismos de transparencia” en el quehacer de las entidades de gestión de derechos de autor, en especial en lo que se refiere a la obligación que tienen estas de aclarar el uso dado a las cantidades recaudadas y no identificadas para favorecer los fines sociales de estos organismos.
El diputado Carlos Gorriarán, de UPyD, se refirió a esta como una ley "conservadora y reaccionaria", con la que el gobierno pretende "salvar" a las empresas editoras de prensa y a los grandes grupos de comunicación que no han querido adaptarse al mercado digital". Así dijo al referirse a la llamada Tasa de Google, una compensación a los editores por el uso de sus contenidos por parte de los agregadotes y buscadores de noticias.
Carlos Gorriarán, de UPyD, se refirió a esta como una ley "conservadora y reaccionaria".
Sobre ese tema, el portavoz socialista José Torres Mora criticó que no se hiciera extensiva esa propuesta a los periodistas entendidos como creadores. “No parece sensato que el editor pida que el derecho sea irrenunciable para él pero que él haya hecho renunciar a ese derecho al periodista", dijo sobre un tema que, aseguró, se llevará al Senado.
Algunos parlamentarios, entre ellos Ascensión de las Heras, de Izquierda Plural, y Rafael Larreina, de Amaiur, aseguraron que esta ley da la espalda a la socialización del conocimiento. La expresión alude al no reconocimiento en el proyecto de las licencias de Creative Commons y Copy Left.
Además de Izquierda Plural, el PSOE, PNV y UPyD -que no el PP- mostraron alguna coincidencia en la compensación por copia privada, uno de los temas más criticados por el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto, y que ha levantado especial escozor en algunos sectores. De acuerdo con algunos parlamentarios, esta debería de correr a cargo de las operadoras, en lugar de ser cargados a los Presupuestos Generales del Estado.
La votación transcurrió en medio de una total confusión con tufo a letanía.
Tras ser eliminado en 2011, el canon por copia privada pasó a sufragarse mediante una asignación que las principales entidades de gestión consideraron insuficiente: 5 millones de euros. Se suponía que sería una medida transitoria y sin embargo, ha quedado contemplada en el proyecto. Este martes, además, las críticas de los parlamentarios no entraron en los asuntos técnicos y legislativos discutidos en episodios anteriores, sino en el hecho de que fuesen los ciudadanos -que no las empresas, eximidas en el anteproyecto- quienes pagaran por copias privadas que podrían contemplarse en un recargo sobre los soportes, como ya ocurría.
Luego de llevar a cabo un brevísimo –por no decir nulo- debate y una rápida negociación de media hora sobre puntos específicos, la votación transcurrió en medio de una total confusión con tufo a letanía. Enmiendas que parecían votarse doblemente –o no votarse- a causa de la falta de atención -"¿ésa ya no la habíamos votado ya?"- que dominó un largo y todavía infructuoso epidosio en el camino a la aprobación de esta legislación.
La guinda de muchos pasteles
Se suponía que el proyecto ya había sido discutido con enjundia a puerta cerrada. Y sin embargo, de acuerdo hubo poco. Uno de los temas sobre el que quedó una rara y espesa laguna, fue, entre otros, el del canon. No hay que olvidar que, además de la eliminación del Ministerio de Cultura, esa fue la primera medida que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó en la materia.
A pocos días de asumida la legislatura, y sin aportar mayores detalles, se aseguró que se pasaría del sistema del canon digital -aquel, el de las discordias- a un modelo con cargo a los presupuestos del Estado. La decisión, que se concretó en 2012, levantó sospecha, más aún cuando se tuvo noticia de los presupuestos de cultura para aquel año, entonces dotados muy escasamente con 642 millones de euros, 167 millones menos que en 2011.
En un principio se dijo que la eliminación del canon sería transitoria, y aun así permanece en el proyecto.
Las entidades de gestión de los derechos de autor se llevaron las manos a la cabeza. El canon, que fue establecido en España en 1987, tiene por objeto compensar a los autores por la copia de sus obras realizada por particulares. Su aplicación enfrentó en los últimos años a estos organismos con el sector de la industria de las nuevas tecnologías y las asociaciones de internautas. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaron entonces sendas sentencias en contra de la aplicación de este gravamen.
Por una parte, las entidades, es decir, tanto AISGE, DAMA, AGEDI, EGEDA, AIE y SGAE criticaron que el Gobierno hubiese cambiado el sistema del canon digital sin esperar las conclusiones del mediador nombrado por la Comisión Europea, cuya misión era armonizar tarifas y soportes de aplicación del canon en los países europeos. Se consideró, en su momento, una "actuación a golpe de Decreto Ley".
Las entidades de gestión pasaron del dicho al hecho y denunciaron ante Bruselas el nuevo sistema español de compensación por copia privada. Advertían que el modelo implantado por el Gobierno español beneficiaba "injustamente a las empresas tecnológicas", que sí estaban obligadas a pagarlo en otros 22 países de la UE (el resto de los que admiten la copia privada): "esta medida perjudica al contribuyente", aseguraban. Tres años después, el asunto sigue sin resolverse, cual lustrosa guinda de un pastel en el que todos quieren su parte.
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