Los trabajadores de la Real Fábrica de Tapices podrán cobrar los salarios atrasados, tras un acuerdo entre las instituciones del patronato -Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Ministerio de Cultura- y los bancos para desbloquear un crédito que el patronato solicitó para hacer frente a los pagos: una deuda de 6 millones de euros.
El acuerdo se alcanzó en una reunión celebrada ayer entre representantes de las tres administraciones del patronato y entidades financieras -Banco Popular, La Caixa y Bankia-, lo que permitirá a los trabajadores de esta empresa pública cobrar las nóminas y pagas que se les adeudan, según señala UGT en un comunicado difundido a la prensa.
Creada en 1720 por el rey Felipe V, con el objeto de hacer más confortables los, hasta ese momento, austeros palacios españoles, esta institución atraviesa actualmente uno de sus momentos más complicados. En realidad, su presente hace un flaco servicio a la historia que encarna. La real fábrica consiguió que grandes artistas comenzaran a pintar cartones y bocetos para sus tapices; como fue el caso de Goya, cuyas creaciones pueden admirarse en diversos museos.
Hace ya casi un mes, estalló la discordia. Aunque habría que decir, en realidad, que se hizo público lo que era una situación asfixiante: la institución casi se declara en concurso de acreedores debido a su imposibilidad de hacer frente a una deuda de 6 millones de euros con 52 trabajadores. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte acordó entonces una aportación extraordinaria de 300.000 euros. Eso suponía apenas el 5% del total de la deuda que se destinará para pagar nóminas. Esta cantidad se sumaba a los 180.000 euros ya abonados por parte del Ministerio en 2015 a través de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el dinero seguía siendo insuficiente.
Tanto el Gobierno central como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital acordaron realizar aportaciones económicas adicionales para asegurar el pago a los trabajadores y la continuidad de la Real Fábrica de Tapices. Ambos se han hecho efectivos esta semana: 300.000 euros por parte de la Comunidad y 240.000 euros aportados por la Alcaldía para asegurar el funcionamiento de una institución de la que depende la conservación de un patrimonio que ahora podría verse amenazado por la “mala gestión” de la institución, tal y como aseguran sus trabajadores.
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