Cultura

Cerco a la reventa de entradas: el Parlamento Europeo vota a favor de prohibir los 'bots'

En esta nueva legislación también se reclama que los revendedores declaren si son comerciantes profesionales

La situación actual en torno a la venta de entradas de espectáculos continúa levantando ampollas entre consumidores y promotores. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha dado un paso adelante votando a favor de prohibir el uso del software para la compra de tickets automatizado, los conocidos como bots.

Este movimiento sirve para avanzar en el controvertido tema de la reventa de entradas en la Unión Europea. No solo se pretende regular la venta de tickets en el ámbito mencionado, sino que en esta nueva legislación también se reclama que los revendedores declaren si son comerciantes profesionales o por contra no cuentan con este distintivo.

Así lo ha publicado el medio especializado IQ Magazine, que señala que estos bots permiten la compra masiva de entradas para conciertos y su posterior reventa a precios inflados.

Según un estudio, estos bots producen casi el 40% de todo el tráfico de entradas.

Se trata de la primera vez que el Parlamento Europeo acata directamente la reventa de tickets (tanto culturales como deportivos) y que se instala un estándar común para la misma.

Jóvenes en un concierto

Prácticas comerciales desleales

De esta manera, la institución europea revisa las posibles prácticas comerciales desleales. La legislación indica que se vigilará si se revenden entradas a consumidores si "el comerciante las adquirió utilizando medios automatizados para eludir cualquier límite impuesto sobre la cantidad de entradas que una persona puede comprar".

Se espera que esta nueva legislación comience de forma oficial el próximo mes de junio. Entonces, los estados miembros tendrán un máximo de dos años para establecer las nuevas normas.

No es la primera vez que esto ocurre en ámbito europeo. Reino Unido ya creó su propia ley para penalizar los bots de entradas en el año 2017. Con motivo del brexit, la resolución se aplicará durante el periodo de transición de dos años de la salida de la Unión Europea.

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