El Tribunal de Cuentas italiano ha fijado para el próximo 13 de noviembre la vista contra el arquitecto Santiago Calatrava y otros tres ingenieros, acusados de "daño" al erario público por errores durante la construcción del puente que diseñó para Venecia, inaugurado en 2008.
Tras años de investigación, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carmine Scarano, ha concluido que existe un crecimiento exponencial en los costes de la obra, que pasaron de 4 a 10 millones de euros según la prensa italiana. Por esta razón, el informe de Scarano señala que se produjo un "objetivo y desconsiderado aumento de los costes respecto a los gastos presupuestados".
El fiscal del Tribunal de cuentas ha pedido 1.078.000 euros al valenciano y más de 1.700.000 a cada uno de los responsables "únicos" de la dirección de los trabajos, Roberto Scibilia y Roberto Casarin. "En el futuro, (el puente) supondrá un constante y desproporcionado desembolso económico por parte de la administración dado que la obra ha sido hecha de una enfermedad crónica, que necesitará una vigilancia constante y diversas intervenciones que no están relacionadas de ninguna manera con la manutención ordinaria", observa el fiscal.
La construcción del Puente de la Cosntitución, que une la plaza de Roma con la estación ferroviaria de Santa Lucía, ha estado envuelta en la polémica desde los inicios del proyecto, siendo sus costes uno de los asuntos más controvertiros. A las críticas por el creciente gasto se sumaron otras por los retrasos en la construción, puesto que en 2002 se fijó un plazo de poco más de un año para la finalización del puente, que no fue inaugurado hasta 2008. "Se podría afirmar -concluye Scarno- que el cuarto puente sobre el Canal Grande de Venecia constituye un daño duradero".
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