Hace un año el Ministerio de Justicia anunció que recopilaría y publicaría la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, tiempo en el que estuvo en vigor la ley que permitía a la institución registrar a su nombre aquellas propiedades dedicadas al culto. Doce meses después, el gobierno no ha divulgado el resultado y asegura que la lista aún está en elaboración. El tema, además de complejo, entraña muchas aristas, la más importante de ellas: el usufructo del patrimonio histórico y el conflicto que eso genera con los gobiernos autonómicos y locales.
¿De dónde viene esta situación? La Iglesia Católica registró más de 1.000 propiedades en un periodo de 16 años gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de 1946 que el Gobierno de José María Aznar llevó a cabo en 1998. El artículo 206 de la norma vigente durante el franquismo permitía a la Iglesia la inmatriculación (registro) de aquellos bienes que carecían de propietario y que guardaran relación con el culto religioso. En su primera legislatura, el PP dio luz verde para que la Iglesia registrara como suyas desde capillas o ermitas hasta iglesias y catedrales. La propia Conferencia Episcopal asegura que la cifra podría superar los 40.000.
Córdoba, Alicante, Cáceres...
Esa medida permitió al Obispado de Córdoba inmatricular, por ejemplo, la Mezquita-Catedral en el año 2006. El monumento, que había sido declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la Unesco, quedó en manos del clero. Para las plataformas más críticas eso no fue una inmatriculación sino una apropiación jurídica de la Mezquita. En septiembre del año pasado trascendió el informe de la comisión de expertos encargado por el Ayuntamiento de Córdoba. El texto aseguraba que el templo "nunca" fue propiedad de la Iglesia y proponía recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación del monumento.
Después de pagar 30 euros –lo que cuesta la gestión-, el prelado se hizo con una finca de 23.000 metros por la que además no pagaba IBI, ya que el edificio está dedicado al culto religioso. Construida en el 785, con 23.400 metros cuadrados, la de Córdoba fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, por detrás de la Mezquita de la Meca, sólo alcanzada posteriormente por la Mezquita Azul (Estambul, 1588). Recibe al año 1.200.000 visitantes, cada uno paga 8 euros para poder acceder a ella -37 euros con visita guiada-.
Otro de los informes significativos al respecto lo hizo el Parlamento navarro en 2008. El recuento de las inmatriculaciones de todos los juzgados de la región entre 1998 y 2007 arrojó que el Arzobispado de Pamplona y Tudela había registrado 1.086 bienes, de los cuales el 60% estaba dedicado al culto (iglesias, catedrales, ermitas …). Ocurrió también en otras comunidades. El 21 de agosto de 2009, el Arzobispado de Valencia inscribió la iglesia fortaleza de San Bartolomé, en Xàbia, Alicante, en el Registro de la Propiedad. El Ayuntamiento de Xàbia, que llevó el asunto a los tribunales, aseguró haber sido ignorado por completo. La Diócesis de Valencia había utilizado el mismo método para adueñarse de la ermita de la Muntanyeta en Alberic, y la del Lluch, en Alzira. Sin embargo, el caso de Xàbia fue el más llamativo y el que mayor respuesta popular generó.
El Obispado de Plasencia, en Cáceres, incluyó en su patrimonio en los últimos años las iglesias de 11 localidades de la comarca de la Vera: Madrigal de la Vera, Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Robledillo de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera, Torremenga y Pasarón de la Vera. Los pueblos de Madrigal de la Vera y Villanueva de la Vera reaccionaron. En 2009, los vecinos reclamaron la devolución de los terrenos colindantes a la Iglesia de San Pedro Apóstol, que antiguamente eran utilizados como cementerio municipal. Casos similares se han registrado en Castilla y León, así como también en Galicia y Madrid.
Lo que parecía una ofensiva inminente del gobierno de Pedro Sánchez contra las inmatriculaciones cambió de rumbo tras la reunión de la vicepresidenta de gobierno, Carmen Calvo, con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en el Vaticano. "Crearemos una comisión y haremos una revisión para que cuando se haga pública toda la lista de inmatriculaciones sean las que realmente se pueden sostener con títulos suficientes de propiedad", comentó entonces la vicepresidenta. El asunto continúa aún en el aire.
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