Es uno de los aspectos más polémicos de la gestión del alcalde madrileño Martínez Almeida, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una regulación que, aunque viene de una normativa europea, cada ayuntamiento ejecuta según sus propios criterios. Y en el caso de Almeida, lo ha llevado a un extremo que va a impedir en apenas cuatro meses que más de un millón de madrileños puedan hacer uso de sus vehículos.
Coches que fueron comprados pagando impuestos, mantenidos con impuestos cada año como es el de circulación y habiendo pasado reglamentariamente las correspondientes inspecciones de la ITV que certifican que son aptos para circular y, a partir del próximo mes de enero, tendrán completa prohibición de moverse por todo el término municipal de Madrid.
Porque la ampliación de las ZBE no se ha limitado a barrios cercano al núcleo central de la capital, sino que afecta a otros situados a muchos kilómetros, fuera de ese entorno urbano, como es el caso de Aravaca, un barrio entremezclado con la localidad de Pozuelo de Alarcón y que está causando quebraderos de cabeza a miles de conductores que en muchos desplazamientos dentro del término municipal atraviesan tramos de calles que pertenecen a Aravaca con la consiguiente sanción económica.
Una situación sin duda compleja, pues afecta a más de un millón de madrileños que, con sus vehículos etiqueta A en perfecto estado de funcionamiento, no podrán desde enero ni siquiera salir de sus garajes para emprender un viaje, pues cruzar la ciudad supondría pagar 200 euros de multa.
Y por esa grave situación económica y social en que se va a dejar a cientos de miles de propietarios que tendrán que dar de baja sus vehículos en Tráfico o sacarlos fuera de la ciudad, AEA ha solicitado al Alcalde de Madrid, Martinez Almeida, la aprobación de una moratoria, de al menos dos años, de la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE para el próximo 1 de enero, y que supondrá que dos de cada tres vehículos que componen el parque madrileño quedaría inhabilitado para circular por la capital.
Pérdida de ingresos
AEA ha formulado esta solicitud al comprobar la magnitud del problema que se va a originar a cientos de miles de madrileños propietarios de vehículos sin etiqueta que, según las estimaciones realizadas por esta organización de defensa de los automovilistas, podría alcanzar a más de un millón de ciudadanos, cuyos vehículos cumplen escrupulosamente con la normativa de emisiones de gases y pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el propio Ayuntamiento de Madrid, y que supone más de 30 millones de euros de recaudación.
En su petición al Alcalde, AEA considera que “la verdadera dimensión económica y social de esta prohibición no fue prevista en su día en el proceso de elaboración y aprobación de la Ordenanza de Movilidad y por ello la normativa municipal no cumple con el principio de proporcionalidad al que debe vincularse la actividad administrativa restrictiva de derechos”.
Y ello porque la medida afecta a casi 1,2 millones de madrileños y a dos de cada tres vehículos que componen el parque automóvil, cuyo valor económico es superior a los 5.200 millones de euros según el valor medio de un coche de más de 15 años, que tendrían que asumir los ciudadanos sin contraprestación ni justiprecio alguno.
“Tampoco se tuvo en consideración -indica AEA en su petición- la pérdida de ingresos de cerca de 32 millones para las arcas municipales en concepto de IVTM, dado que aunque no se modificara la correspondiente ordenanza fiscal, no se pueden cobrar impuestos sobre vehículos que no pueden circular por Madrid, aunque sigan dados de alta en Tráfico, conforme establece al Art. 6 de la Ley de Haciendas Locales.”
Por ello AEA ha solicitado que, de forma urgente, se promueva ante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la aprobación de una moratoria, de al menos dos años, de la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE, así como la exención fiscal de los vehículos inscritos en el Padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid que no estén autorizados a circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE.
Y con fin de evitar la confusión de cientos de miles de conductores pide también que se refuerce y mejore la señalización de acceso a dichas zonas.
Pero el ayuntamiento madrileño, a través de su vicealcaldesa, Inma Sanz, ha rechazado esa posibilidad de moratoria argumentando que se ha invertido más de cien millones de euros en ayudas para renovar el parque y en que la normativa ha permitido cumplir con los niveles de calidad del aire exigidos por Europa.
