El derecho humano a la ciencia existe desde que fue recogido de forma muy breve en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, en el artículo 27. ¿En qué consiste este derecho? En que todos deberíamos participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Más adelante, en 1966, se amplió en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que incluyendo el disfrute (“enjoy” en inglés) del progreso científico y sus aplicaciones. Un derecho que los Estados deberían asegurar a través de la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia (y la cultura). Hasta 2017, el Pacto ha sido ratificado por 166 países, entre ellos España.
Este derecho ha tenido un escaso desarrollo en la legislación internacional de derechos humanos. Para revertir esta situación, Naciones Unidas ha creado un comité de expertos para realizar una Observación General (General Comment) que desarrolle este artículo 15. Este grupo de expertos propondrá recomendaciones a los Estados sobre las medidas a adoptar para el pleno cumplimiento de este derecho.
España está jugando un papel importante en el impulso de esta iniciativa. Uno de los dos ponentes (rapporteurs) del grupo de expertos es el jurista español de la Universidad de Deusto, Mikel Mancisidor. El pasado 9 de octubre de 2018 representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades intervinimos en el debate general sobre el derecho a la ciencia, durante la 64 sesión del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. En el debate participaron expertos independientes del grupo de Naciones Unidas, asociaciones culturales y representantes gubernamentales de países como Italia o Países Bajos.
El debate fue muy intenso y diverso. Se trataron temas que abarcan desde el papel del conocimiento indígena y su conservación, la inclusión de los principios de la ciencia abierta o los límites existentes en el acceso a los beneficios de la ciencia, como son las patentes o las cuestiones tecnológicas relacionadas con la seguridad.
La posición del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el debate se centró en apoyar el desarrollo de este derecho, con la intención de contribuir, junto al Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el proceso como ya hizo España con el derecho al agua potable y saneamiento. Además, el Ministerio propuso que se incluyan en el desarrollo del derecho a la ciencia los siguientes aspectos clave:
Asegurar la no discriminación por razones de sexo, raza, religión u orientación sexual, tanto para el disfrute de la ciencia como para la participación activa en ella.
Promover una formación y cultura científica suficiente para poder participar de forma real en el proceso democrático de toma de decisiones sobre ciencia. La idea es que promover la cultura científica en la población es promover una mejor democracia.
Mención expresa al peligro de las pseudociencias y el pensamiento anticientífico. España está muy interesada en distinguir la ciencia de las pseudociencias y que se proteja a la población de los peligros de esta confusión.
La protección del plurilingüismo en el desarrollo del derecho a participar en la ciencia. España en un país plurilingüe con buenas prácticas en la enseñanza científica en diferentes lenguas a todos los niveles.
Los expertos del grupo tienen intención de publicar el primer documento sobre el derecho a la ciencia en 2019, que estará abierto a las aportaciones de la sociedad civil y los estados. Su aprobación por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales podría llegar en la Asamblea General de otoño de 2019.
El trabajo en pro del desarrollo de este derecho continúa. En España, el pasado miércoles 7 de noviembre todos los grupos políticos aprobaron su apoyo a este derecho en una Declaración Institucional en el Senado apoyando el derecho humano a la ciencia con motivo del Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo que se celebra el pasado día 10 de diciembre. En el ámbito Iberoamericano, el Gobierno de España incluyó en la declaración final de la Reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología preparatoria de la XXVI Cumbre Iberoamericana de 2018, un compromiso firmado por todos los países para apoyar este derecho.
Queda mucho camino por recorrer y mucho por debatir sobre qué es y cómo desarrollar este derecho humano a la ciencia. Lo que queda claro es que la ciencia es una actividad humana y tenemos derecho a disfrutar de sus beneficios y la obligación de velar por su correcto desarrollo.
