Los jugadores del fútbol español se alinearon con su sindicato en las demanda de la Asociación de Futbolistas Españoles, tratando de dar un puñetazo en la mesa por la polémica sobre el nuevo decreto ley. Luis Rubiales, presidente del sindicato de jugadores, fue contundente en su declaración: "Hemos decidido parar y lo hacemos conscientes de que tenemos razón". A su espalda, Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, el atlético Juanfran y así hasta 60 futbolistas.
Consideran que la división que asegura un 90% de los derechos para la Primera División y un 10% para la Segunda es excesiva y piden que el decreto contemple obligaciones de los clubes con los jugadores, extremo no aplicado en la actual norma. Los jugadores son el único estamento que no está representado en el órgano de control de la gestión de los derechos audiovisuales de la Liga. La guerra se escenifica en dos bandos: la AFE se alinea con la Federación en contra de la patronal (LFP) y el Gobierno (CSD).
Rubiales señaló que "nos sentimos fuertes porque tenemos la sensación de que hacemos lo que debemos hacer. No es una medida de fuerza, sino una medida de defensa a lo que entendemos como un ataque a nuestros derechos. Estamos a favor de la venta centralizada de los derechos de televisión, pero en contra de la forma en que se ha hecho la norma".
Rubiales quiso enfatizar que la manera en la que se han conducido las negociaciones no es aceptable y se comparó con el entorno europeo. "La Comisión Europea ha creado un grupo de diálogo social en el que la AFE está representada por medio de FIFpro junto a lo los clubes, las ligas y el gestor europeo que es UEFA" señala. Además recuerda que el propio Parlamento español, por medio de la subcomisión del deporte, ya había indicado al gobierno la necesidad de que todos los agentes del fútbol estuviesen incluidos en las negociaciones.
Uno de los puntos claves de las negociaciones es la falta de garantías salariales para los futbolistas. Entienden y agradecen que en el articulado legal haya garantías para la Seguridad Social y Hacienda, es más, lo tienen como algo incluso positivo para su propio colectivo, pero no comprenden que los salarios no se hayan contemplado como una parte digna de asegurar en el decreto. " Sí a la AET, sí a la Seguridad Social, pero también sí a los trabajadores", resumía Rubiales. La AFE asegura también que este punto había sido indicado por la subcomisión parlamentaria y que, como en el caso anterior, también ha sido desoido.
Las reclamaciones también se encaminan en el dinero directo que puede cobrar la AFE de la ley, algo que es común en otros países y que esolo se contempla en este caso como una porción pequeña de un 0,5% que también irá a futbol femenino y de base. Recuerda el sindicato que ese dinero sería destinado a una mutualidad para asegurar el futuro de los jugadores y, además, que su asociación desarrolla proyectos de responsabilidad social que son positivos, como la ayuda a futbolistas en paro. "La Asociación sigue aportando a la sociedad y eso debe ser contemplado para tener un retorno directo", sentencia Rubiales.
Creen también que las negociaciones han llevado a un reparto injusto entre Primera (90%) y Segunda (10%), diferente al que se da en Alemania y Francia, los otros países que utilizan la venta centralizada y que lo tienen marcado en un 80-20. El problema, según cuenta la AFE, es que este reparto puede llevar más fácilmente a los impagos, pues los clubes que desciendan de Primera a Segunda tendrán un bache mayor aún del que hay hoy en día, con consecuencias terribles para sus presupuestos. Calculan que ahora mismo un equipo que desciende pierde 15 millones de euros de presupuesto y creen que eso puede llegar a un 23 con el nuevo decreto, un salto que puede llevar más fácilmente a los impagos.
Más aún, uno de los grandes problmas que le ve la AFE a este nuevo texto es que también modifica el artículo 76.3 de la Ley del Deporte. En primer lugar, consideran inaceptable que un real decreto, hecho además sin su participación, pueda mover el tablero general del deporte. Además dicen que el nuevo texto otorga a la LFP la posibilidad de sancionar a clubes y jugadores a espaldas de la justicia ordinaria, lo que puede suponer un menoscabo para los derechos de sus asociados. Rubiales en ese momento señaló a Pedro León, que el pasado verano se vio envuelto en problemas legales por culpa de su club y que, con la nueva disposición legal, no podría haber jugado esta temporada.
Rubiales destacó que estas reivindicaciones no tienen nada que ver con otras conversaciones que el sindicato mantiene con Hacienda para modificar el actual marco de contratación que solo permite tributar un 15% en derecho de imagen. Manifiestan que esas conversaciones son con otros ministerios y que en absoluto forma parte de sus peticiones actuales. Si rechazan incluir estos temas es también porque no quieren que se les retrate como pedigüeños que reclaman pagar menos impuestos.
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