La juez Mercedes Alaya imputa a "Pizo" Gómez, exjugador del Athletic de Bilbao y del Atlético de Madrid entre otros equipos, por percibir 460.742 euros de un póliza individual, aunque el imputado sostiene que la Junta de Andalucía recurrió a esa fórmula para pagar a su empresa -de la que él era delegado en Navarra- unos cursos de prevención de riesgos laborales. Según su declaración ante la Policía, el documento se puso a su nombre porque no podía tener como titular a una persona jurídica.
Mercedes Alaya tenía pendiente convocar este acto desde el pasado 24 de noviembre del 2011, cuando José Antonio Gómez Romón, conocido como "Pizo" Gómez, compareció como imputado pero se negó a declarar tras un incidente de su abogado, José María Calero, con la magistrada.
Alaya reprochó a Calero estar haciendo gestos a su cliente, por lo que el letrado abandonó el despacho y "Pizo" Gómez fue atendido por otro de los abogados, tras lo cual se negó a seguir respondiendo preguntas.
Ante la decisión de "Pizo" Gómez de acogerse a su derecho a no declarar, Alaya acordó pedir a su empresa CENFORPRE informes sobre su grado de participación en el accionariado, sus cargos y funciones, y los cargos de la persona a quién el imputado identificó como su jefe.
También pidió al Registro de la Propiedad la historia registral de la compañía, y a un juzgado de Pamplona las diligencias por delito fiscal contra el futbolista.
Además, la juez acordó pedir a la Hacienda Foral de Navarra las reclamaciones que tenga contra "Pizo" Gómez o su empresa y al Consorcio de Compensación de Seguros el pago de 314.514 euros que le hizo.
Con estos datos en la mano, la Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones deben fijar su petición de fianza para "Pizo" Gómez, que figura entre los 60 imputados en la causa entre beneficiarios de las ayudas, mediadores y ex altos cargos de la Junta, han añadido las fuentes.
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