El juez que instruye el denominado "caso Osasuna" estima que hay indicios de que, desde el club navarro, se destinaron 900.000 euros a amañar, al menos, tres partidos de la temporada pasada. Se trataría de 250.000 euros entregados presuntamente al Espanyol por un empate y 650.000 al Betis por dos partidos (400.000 por ganar al Valladolid y 250.000 por dejarse ganar por Osasuna). El magistrado, que ha ordenado el levantamiento parcial del secreto del sumario, sigue investigando otros partidos cuyo resultado también fue presuntamente alterado por Osasuna, así como el destino de 2,4 millones de euros extraídos en metálico de las cuentas del club.
En las diligencias abiertas, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona no ha hallado evidencias de que se hubiera firmado un contrato entre el fondo Flefield (afincado en la isla de Madeira) y Osasuna por importe de 1.440.000 euros. El juzgado está pendiente de recibir la información reclamada a las autoridades portuguesas a través de una comisión rogatoria, si bien considera que todos los datos apuntan a que tanto el supuesto contrato como las correspondientes facturas "son falsos" y se crearon por directivos del club para "justificar contablemente la salida de importantes cantidades de dinero en metálico".
De igual forma, el juez, que mantiene el secreto de una parte de las actuaciones, considera acreditado que el supuesto pago efectuado el 1 de junio de 2013 a los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Alberto Nolla por importe de 900.000 euros "no llegó a realizarse nunca" y el recibo del pago es también falso.
El juez ha acordado también abrir otra pieza separada para extender la investigación a la presidencia de Pachi Izco al haber descubierto que entre 2003 y 2007 se extrajeron en metálico 3.090.000 euros de las cuentas del club.
Según expone el juez, hay "fuertes sospechas" de que, al menos parte de dicho dinero, pudo destinarse no tanto a posibles amaños de partidos sino a la "gestión desleal del patrimonio de Osasuna", lo que podría dar lugar a delitos de apropiación indebida, societarios, de falsedad contable, blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública.
Como en las diligencias que han dado origen a esta pieza separada ya declaró en calidad de imputado Pachi Izco por una anotación contable sospechosa de 76.711 euros de su etapa como presidente, el juez considera que ya debe considerarse personado como imputado en esta nueva pieza.
Además, el juez ha acordado investigar en dicha pieza la denuncia interpuesta contra Izco por Osasuna por un presunto uso indebido de la tarjeta corporativa del club, por ejemplo en boutiques de lujo, joyerías, vinotecas y ópticas.
El juez ha abierto otra pieza separada para determinar si el expresidente de Osasuna Miguel Archanco, al que se reclama una fianza de responsabilidad civil de 3 millones de euros, ha podido cometer un delito de insolvencia punible por haberse desprendido de diferentes bienes inmuebles de los que era propietario y que regaló a su esposa y sus dos hijos "escasas semanas después de abandonar la presidencia".
El juez no solo ha acordado investigar la comisión de un posible delito por parte del expresidente de Osasuna, su esposa y sus hijos, sino que ha decretado el embargo de todos los bienes inmuebles al existir "fuertes indicios" de que dichas liquidaciones y donaciones "puedan ser constitutivas de delito y, por ende, nulas de pleno derecho".
