La denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD) contra Luis Rubiales contiene un error que complica una suspensión en el corto plazo que el Gobierno quiere que se produzca cuanto antes. Y es que el organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte invoca ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) un artículo de la Ley del Deporte que dificulta tipificar como infracción muy grave la conducta de Rubiales y por lo tanto puede impedir una suspensión cautelar.
El TAD delibera este jueves y puede verse obligado a que no haya suspensión cautelar, por lo que la previsible suspensión se producirá cuando dicte su resolución y analice el fondo del asunto, pero no de inmediato. De momento, sobre Rubiales sólo pesa una suspensión de 90 días de la FIFA.
El CSD formuló el pasado viernes una petición razonada al TAD por una posible vulneración de los artículos 76.1.a de la Ley del Deporte y 14.h del Real Decreto 1591/1992 sobre Disciplina Deportiva. Alega que las dos infracciones son consideradas "muy graves", lo que el Gobierno entiende que posibilita la adopción de una medida de suspensión cautelar y provisional.
Sin embargo, el artículo 76.1.a se refiere al abuso de autoridad pero no a actos que atenten contra la dignidad o decoro deportivos, clave en este asunto, que la ley tipifica como graves y por lo tanto no podrían dar lugar a la citada suspensión cautelar. Estos actos sí que se consideran muy graves en el artículo 14.h del Real Decreto que invoca también el Gobierno, pero fuentes jurídicas apuntan que prevalece la ley sobre el reglamento. Estas fuentes consideran que este planteamiento pone en un brete al Tribunal.
Las carencias de la demanda
A este planteamiento jurídico ambiguo se suma la falta de apoyo documental que ha acompañado a la demanda, que ha llevado al TAD a requerir al Consejo Superior de Deportes que le aporte más documentos, en concreto, los comunicados emitidos por la RFEF, Jenni Hermoso y el sindicato Futpro y la documentación adjunta a la denuncia presentada por la Liga Profesional de Fútbol Femenino.
Según informó en un comunicado, el CSD ya había aportado como apoyo a su petición razonada todas las denuncias presentadas ante el organismo.
El pasado martes, cuando el CSD ya había remitido la información adicional que le requería el TAD, se filtró otro vídeo en el que Jenni Hermoso y las jugadoras bromean sobre el beso de Rubiales.
Ha habido más denuncias. En una de ellas, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte ha presentado un escrito ante el Consejo Superior de Deportes firmado por el abogado Miguel Ángel Ferrero Andrés que pide 30 años de inhabilitación para Rubiales y una sanción económica de 16.500 euros.
La misma plataforma, que preside Miguel Ángel Galán, ha denunciado este miércoles que uno de los siete miembros del TAD, Jaime Caravaca, y que ha participado en sus deliberaciones, es sobrino de Ramón Caravaca, abogado penalista del despacho que representa habitualmente a Rubiales. Solicita anular las deliberaciones y empezar de nuevo el examen con un séptimo miembro válido.
Iceta subraya el "rigor jurídico"
Ante las críticas de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, y el clamor social, el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, ha asegurado este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el Gobierno actuó "antes" de que lo hiciera la FIFA y que ha sido "muy escrupuloso" en el proceso para evitar futuros recursos a la inhabilitación del presidente de la RFEF y alargarlo de "manera no deseada".
"El Gobierno ha decidido actuar por iniciativa propia. Respetamos la independencia de la RFEF y no nos hemos reunido con ellos porque no queremos interferir y por eso el Gobierno esperó a que la Asamblea se pronunciara. Ante la inacción de la RFEF actuamos de manera adecuada. El Gobierno actuó, en el marco de sus competencias, antes de que lo hiciera la FIFA", ha dicho.
Las declaraciones de Díaz lamentando que el Gobierno actúe tarde se ha entendido que aluden a las informaciones que vinculan a Rubiales con el PSOE.
Iceta sólo ve diferencias de interpretación legal con Sumar sobre cómo proceder contra Rubiales, que atribuye a que el PSOE es muy garantista.
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