Cuando aún resuena el eco del escalofriante discurso de Año Nuevo de Alberto Fabra del que se deducen recortes sin fin para lograr un ahorro de 1.000 millones de euros, el deporte vuelve a meter en un apuro al presidente de la Generalitat valenciana. Así, además de las críticas constantes por las elevadas pérdidas derivadas de la organización del GP de Europa de Fórmula 1, ahora tiene que afrontar la compra obligatoria de tres clubes de fútbol de la importancia e historia de Valencia, Hércules y Elche.
La historia es sencilla. Durante los ocho años de presidencia de Francisco Camps, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) avaló préstamos de esas tres sociedades anónimas deportivas y como garantía aceptó acciones.
La deuda del Valencia con Bankia (antes Bancaja) a través del IVF es de 86 millones, lo que le daría al Consell el 70% de las acciones y, por tanto, el control absoluto del club. Con ser grave el asunto, lo peor es que si el Gobierno valenciano acaba convirtiéndose en dueño del equipo más importante de la Comunidad, deberá afrontar otros 301 millones más de deuda para un total de 387.
El segundo club que tiene que rescatar por obligación la Generalitat es el Hércules. En el caso de los alicantinos el préstamo, 18 millones de euros, fue concedido por la CAM y avalado por el IVF. Enrique Ortiz, polémico presidente de la entidad e imputado por la supuesta financiación ilegal del PP de la provincia, empleó ese dinero para pagar las primas de ascenso a Primera (años 2010) de los jugadores y una deuda con Hacienda. Si finalmente el IVF tuviera que tirar de las acciones que posee en garantía, el Gobierno regional tendría el 65% de las mismas y también sería mayoritario.
El tercer club a punto de ser 'nacionalizado' a la fuerza es el Elche, actual líder de la Liga Adelante. En su caso debe 14 millones de euros: nueve a la CAM y cinco al Banco de Valencia. Si no paga, la Generalitat hará efectivo el 40% de los títulos de la sociedad anónima y también se convertirá en socio mayoritario.
Si los peores augurios se cumplen, un problema secundario, que no menor, será la forma de sortear la Ley de las Sociedades Anónimas Deportivas, que prohíbe controlar el 5% de más de una sociedad en la misma competición. Hércules y Elche militan ambos en la Liga Adelante.
Hay un cuarto equipo implicado, el Levante, cuya Fundación también fue avalada por la Generalitat en un préstamo de 5,6 millones concedido por La Caixa Penedés. A diferencia de las tres anteriores, la entidad azulgrana sí se ha comprometido a pagar este año así que el Gobierno valenciano no necesitaría ejecutar la garantía de las acciones.
José Císcar, vicepresidente ejecutivo valenciano, ya ha avisado que la Generalitat intentará negociar, en el caso del Valencia, con Bankia porque "tenemos que afrontar otros pagos más urgentes". Se supone que la posición del Gobierno valenciano es idéntica en todos los casos y que también buscará un aplazamiento con el resto de entidades bancarias afectadas. Y, siguiendo ese razonamiento, si esa moratoria no fuese posible se abriría un escenario de incertidumbre -aún más- para el futuró de los tres equipos. Entre otras cosas porque Císcar ya ha avisado que "la Generalitat no tiene intención de intervenir en el día a día de un club de fútbol". Es decir, sería dueño a la fuerza pero sin ocuparse de la gestión de esos clubes.
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