Un tribunal egipcio ha condenado a muerte este sábado a 21 acusados de la tragedia del estadio de fútbol de Port Said de febrero de 2012, en el que 74 personas fallecieron y más de 1.000 resultaron heridas en un violentísimo enfrentamiento entre ultras, con un marcado componente político, que tuvieron lugar en el contexto del período de transición guiado por el Ejército egipcio tras el derrocamiento de Hosni Mubarak.
Aficionados de uno de los equipos salieron a las calles para festejar la sentencia dictada por el tribunal, mientras que otros, han creado disturbios en torno a la cárcel de Port Said. En dichos enfrentamientos, se han producido, en lo que llevamos de mañana, hasta 8 fallecimientos, entre ellos, dos policías encargados de la seguridad de la prisión.
El veredicto será "remitido al Mufti" para que la gran autoridad religiosa del país ratifique la condena, como suele ser habitual en todos los casos que concluyen con una sentencia a muerte. Los otros 52 acusados escucharán su veredicto el próximo 9 de marzo.
El juicio involucra a un total de 73 personas implicadas en los incidentes del estadio que tuvieron lugar el 1 de febrero de 2012 durante el partido que enfrentó al Al Masry y el Al Ahly. A pesar de que inicialmente se sospechó de un enfrentamiento puramente limitado a ambas aficiones, a las pocas horas de los incidentes varios grupos de oposición acusaron al entonces principal órgano ejecutivo del país, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), de instigar los acontecimientos.
Entre los críticos del Ejército se encontraban los Hermanos Musulmanes, la base del partido del presidente Mohamed Mursi quienes en su momento culparon a "una mano invisible", en referencia al jefe del CSFA, el mariscal Mohamed Tantawi, de los enfrentamientos en el estadio.
Diez días después de la tragedia, los investigadores concluyeron que los actos fueron planeados por anticipado por grupos ultras con la posible colaboración de simpatizantes del antiguo régimen del ex presidente Hosni Mubarak, y se agravaron con la complicidad de los responsables del estadio y de las negligentes fuerzas policiales egipcias.
Los resultados del informe de la comisión de investigación parlamentaria repartió responsabilidades entre la Asociación de Fútbol Egipcia, por ignorar la peligrosidad del evento, los responsables del estadio, y la seguridad de Port Said, que actuó de manera "negligente" e indicó que las fuerzas de seguridad no respondieron a los ataques de los ultras, habida cuenta del escaso número de agentes heridos (una decena entre los centenares de víctimas).
El informe ratifica los vídeos de seguridad en los que se aprecia cómo la Policía permanece impasible ante los enfrentamientos, y acusa a los responsables del estadio de cerrar las salidas, subir el volumen de los altavoces para "tapar la masacre" y apagar las luces del estadio, según informa el diario 'Al Masry al Youm'.
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