Según han informado fuentes judiciales, Jorge Horacio Messi entregó al juzgado de instrucción número 3 de Gavà (Barcelona) ese escrito en el que exculpaba a su hijo, cuando consignó los 5 millones de euros (4,1 más intereses) que debe a Hacienda por presunto fraude fiscal en los ejercicios de 2007 a 2010.
Lionel Messi "se ha dedicado siempre y solamente a jugar a fútbol", mantiene Jorge Horacio en el escrito remitido al juzgado, en el que también deriva las culpas hacia el que fuera su socio Rodolfo Schinocco, que desde 2005 estuvo encargado de la gestión de los beneficios generados por los derechos de imagen del jugador.
El escrito exculpatorio y el pago de los 4,1 millones defraudados a Hacienda, lo que dio pie a que la Fiscalía presentara una querella por fraude fiscal contra Messi y su padre, no les permitirá evitar su declaración como imputados ante la juez, prevista para el próximo 27 de septiembre.
De hecho, la titular del juzgado de instrucción de Gavà ha acordado aplazar hasta el próximo 27 de septiembre las declaraciones de Messi y su padre, inicialmente señaladas para el 17 del mismo mes, después de que así lo solicitara su abogado, Cristóbal Martell, porque ese mismo día tiene que asistir a un juicio. Con el escrito en el que desvincula a su hijo de toda responsabilidad en la gestión de los impuestos derivados de sus ganancias, el padre del astro argentino da un decisivo paso de cara a buscar un posible archivo de la causa penal abierta contra Lionel Messi.
La propia Fiscalía considera en su querella que la iniciativa de defraudar al fisco partió del padre y representante del jugador, como lo demuestra el hecho de que en 2005, cuando Leo Messi todavía era menor de edad, encargó la creación de una primera sociedad instrumental con el supuesto propósito de evadir impuestos.
Una vez devueltos los 4,1 millones de euros evadidos Hacienda en los años 2007, 2008 y 2009, Jorge y Lionel Messi podrían hacer efectiva la multa prevista para esa cantidad defraudada, de cara a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que evitara la celebración del juicio.
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