El representante de la Fiscalía de Madrid y los abogados defensores en el juicio por la estafa de los falsos paralímpicos de los Juegos de Sidney de 2000 han acordado este lunes "una absolución negociada" para 18 de los procesados, mientras que se ha rebajado la condena de dos años de cárcel a multa de 5.400 euros para el expresidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI) Fernando Martín por estafa y falsedad oficial.
La Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto juzgar a 19 personas acusadas de un delito de falsedad continuada por la supuesta estafa que se cometió en los Juegos Paralímpicos de 2000 en Sidney a manos de los jugadores del equipo de Baloncesto.
Uno de los jugadores, el periodista Carlos Ribagorda, se infiltró en el equipo para sacar a la luz que de los doce componentes del equipo solo dos eran minusválidos. Tras saltar el escándalo, varios de los deportistas devolvieron la medalla de oro que habían obtenido en la competición.
Al inicio de la vista, el fiscal ha anunciado que retiraba la acusación para dieciocho de los diecinueve acusados y que mantenía la del expresidente del FEDDI al ser el máximo responsable de lo que ocurrió en Sidney. Así, ha acordado rebajar los dos años de prisión que se le solicitaba en un principio por dos multas por los delitos de estafa y falsedad oficial, imponiéndole una multa de 5.400 euros.
La decisión de retirar la acusación se ha producido como consecuencia a que Fernando Martín haya asumido la responsabilidad en los hechos que se produjeron, esta circunstancia exonera al resto de las personas que se habían sentado en el banquillo de los acusados.
En cuanto al único acusado, el fiscal y la acusación particular, que representa al Comité Paralímpico, han acordado que se le apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas, ya que el proceso se inició hace 13 años, y reparación del daño, dado que Fernando Martín ha abonado la indemnización de 142.000 euros que se le reclamaba en concepto de responsabilidad civil. Esta cantidad corresponde al valor de las becas que en su día se concedieron a los jugadores, pero que se quedó la federación.
El fiscal sostiene que, de los 12 componentes del equipo de baloncesto que logró una medalla de oro en Sidney 2000, sólo dos deportistas poseían el correspondiente certificado de minusvalía emitido por la Administración pública competente (las autoridades autonómicas catalana y valenciana) .
Los ahora exonerados participaron "a sabiendas de que carecían de toda discapacidad, y por tanto del correspondiente certificado oficial de minusvalía expedido por el INSERSO o el organismo pertinente de la comunidad autónoma.
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