La maraña en la que se ha convertido el traslado del Atlético de Madrid a La Peineta sigue sin desmadejarse. El último capítulo del culebrón habla de un juego de tuya-mía entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, regidos por Ahora Madrid y Partido Popular, respectivamente.
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del consistorio, José Manuel Calvo, ha subrayado que el primer paso para el traslado lo debe dar un gobierno autonómico que tendría, para empezar, que dar luz verde al cambio de la parcela, ubicada en el distrito de San Blas, de uso deportivo público a carácter privado.
Calvo ha advertido que la política del actual equipo de Ahora Madrid no contempla la enajenación de bienes municipales, pero ha indicado que, cuando asumieron las riendas del Ayuntamiento, las parcelas en cuestión del traslado colchonero ya estaban "en proceso de venta". Un compromiso previo al que no pueden resistirse pero para el que tampoco pretenden remangarse.
Ciudadanos, en boca de Bosco Labrado, ha recordado a Carmena y los suyos que, si antes de que acabe el año no se aprueba definitivamente la modificación puntual del Plan General para cambiar el uso del terreno, el Atlético de Madrid podría disponer del nuevo estadio en régimen de concesión por un plazo máximo de 75 años. Además, el club tendría derecho a recibir una indemnización de 200 millones de euros en concepto de gasto de obras y de "pagos anticipados en especie".
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Madrid firmó un convenio patrimonial en 2008 con la entidad colchonera que establecía una nueva parcela para estrenar estadio. Recientemente, además, los rojiblancos manifestaron su interés en la cesión o adquisición del Centro de Actividades Acuáticas para convertirlo en un complejo deportivo anexo a La Peineta, algo aún en vías de negociación política. Según la directiva del aún club de la ribera del Manzanares, recordemos, la primera temporada lejos del Vicente Calderón debería ser la 2017-2018.
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