La Audiencia Nacional ha ordenado al juez José de la Mata reabrir el llamado caso Neymar para procesar al delantero brasileño, a su padre, al expresidente del Barcelona Sandro Rosell y al Santos (equipo del que procedía Neymar) por el supuesto engaño en el precio del traspaso al fondo brasileño DIS, gestor del 40 % de los fondos federativos del delantero.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha revocado hoy en un auto la decisión de De la Mata de archivar este caso en contra del criterio de la Fiscalía y le ordena reabrirlo para que dicte el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento en el sumario). La Audiencia Nacional ha admitido de este modo el recurso de la Fiscalía contra la decisión de archivo de De la Mata, que consideró que las conductas denunciadas en la querella interpuesta por el fondo DIS -los contratos de traspaso del jugador suscritos en 2011 y 2013-, si bien pueden tener "repercusiones deportivas, éticas y disciplinarias", no encajan en un procedimiento penal.
Respecto del delito de corrupción entre particulares, los magistrados examinan dos contratos de 15 de noviembre y 6 de diciembre de 2011 cuyo objeto es precisar las condiciones de transferencia del jugador y concluyen que hay indicios de delito por cuanto "mediante la firma de los contratos se alteró el libre mercado del fichaje de futbolistas” porque (…) si Neymar Jr incumplía el contrato, debía abonar no 40.000.000 de euros, sino los otros 10 anticipados e ingresados en la sociedad N&N.
En relación al delito de estafa impropia, circunscrito a los contratos celebrados en el 2013 cuando el FC Barcelona anticipa la contratación de Neymar Jr, sin esperar que fuera libre a partir de julio de 2014, de los contratos obrantes en actuaciones se constata que, en principio, explican, el 31 de mayo de 2013, el Santos FC cedió al FC Barcelona los derechos federativos por el precio de 17.100.000 euros, operación que fue comunicada a DIS que percibió el 40 por ciento.
La causa se seguía por querella presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que poseía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador, y según la Fiscalía dejó de cobrar 3,2 millones de euros que le hubieran correspondido. Por todo esto, "analizada toda la prueba los magistrados concluyen que "habida cuenta de que tras la profusa investigación llevada a cabo hasta la fecha, se deduce indicios suficientes de la comisión de los delitos ya indicados", por lo que en consecuencia procede la estimación del recurso y la revocación del auto de archivo".
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