Un caso que se dirime en la Audiencia Provincial de Asturias puede sentar un importante precedente en el polémico asunto de la seguridad en los rallies, tristemente de actualidad tras la reciente muerte de dos espectadores en Cantabria.
En septiembre de 2012, el piloto M.G.G. perdió el control de su coche durante un tramo del Rally Príncipe de Asturias y arrolló a 13 espectadores situados en una zona en la que no deberían haber estado nunca. Este es el vídeo:
Como se aprecia en las imágenes, la curva a la derecha del trazado no está demasiado bien indicada y, sobre todo, los aficionados están ubicados en plena escapatoria para percances como el sufrido por el coche en cuestión.
Lo increíble es que varios de esos inconscientes o temerarios espectadores denunciaron al piloto y, según informa La Nueva España, sus abogados piden 64.000 euros en concepto de indemnización.
El diario asturiano señala que "los cinco abogados de la acusación mantienen que el acusado, M.G.G., cometió una falta de lesiones por imprudencia, tipificada en el artículo 621.3 y 621.4 del Código Penal... Unas cantidades que sumadas alcanzan los 63.513,49; un pago que tendría que asumir el único acusado; y subsidiariamente las compañías aseguradoras del vehículo con el que circulaba y el de la Federación Asturiana de Rallys, al considerar que no realizaron las labores de señalización necesarias para evitar el accidente. La defensa pide la absolución".
Varios testigos de la acusación dicen que los atropellados estaban ahí porque no "había ninguna señal a la vista que prohibiera la presencia de público".
Y las víctimas mantienen que se colocaron detrás de unas cintas que limitaban el trazado del circuito y que ni la caravana de seguridad ni los comisarios les advirtieron del peligro.
La sentencia tiene enorme importancia porque precisamente se juzgan todos los factores y negligencias que desembocan en los accidentes que se producen en los rallies.
Una condena contra el piloto, como pide la acusación, podría ser un golpe mortal para esta controvertida modalidad deportiva. Porque precisamente los competidores son los que menos culpa tienen en los percances.
Como mucho, los pilotos puede negarse a participar -y en casos extremos lo han hecho- si aprecian fallos en la seguridad de la prueba, pero es evidente que la responsabilidad en este capítulo es de los organizadores.
Sobre ellos -organizadores- y sobre los aficionados que se saltan las normas debería caer todo el peso de la justicia.
¿Cuántos pilotos estarían dispuestos a participar en un rally si saben que, además del palo moral de atropellar a alguna persona, la justicia puede declararles culpables "por imprudencia"?
Aunque los seguros cubran posibles indemnizaciones en este y en otros accidentes, la vía judicial podría ir más allá de un juicio de faltas -como es el caso de Oviedo- y convertirse, por mor del miedo a la ley, en la única forma de acabar de una vez con la sangría de heridos y muertos en las cunetas de las carreteras.
