El Ayuntamiento de Madrid ha recibido un importe de 20,3 millones de euros del Real Madrid como devolución de una ayuda considerada irregular, que había requerido al club en cumplimiento de una resolución de la Comisión Europea sobre ayudas estatales ilegales concedidas en 2011.
Desde Bruselas se computó en 18,4 millones de euros la ayuda que debía ser recuperada, a la que había que sumar los intereses actualizados hasta el momento de la devolución.
El Ayuntamiento comunicará hoy mismo a la Comisión Europea (CE) la restitución del dinero, así como el cumplimiento de su obligación de instar al cobro de dichas ayudas estatales ilegales, señala en un comunicado.
La notificación de la Tesorería Municipal hace constar la recepción de 20.331.100 euros en una de las cuentas bancarias del Ayuntamiento de la capital.
El área de Economía y Hacienda instó al club de fútbol en septiembre a que procediera al pago, dando un plazo de dos meses para el ingreso o depósito de la cantidad.
Una resolución de la CE, del pasado 4 de julio, indicaba que "En octubre y noviembre de 2011, artículos aparecidos en la prensa e información enviada por los ciudadanos llamaron la atención de la Comisión sobre presuntas ayudas estatales en favor del Real Madrid Club de Fútbol, concedidas en forma de ventajosa transmisión de bienes inmuebles".
Lo ocurrido hace referencia a un convenio para la cesión de terrenos del Ayuntamiento al Real Madrid, que finalmente no se produjo. El acuerdo para compensar esta situación se basó en "una nueva tasación de los terrenos, valorados en 22,7 millones de euros, frente a los 595.000 euros en que se habían tasado en 1998", explica el Ayuntamiento.
La investigación de Bruselas puso de manifiesto que el Real Madrid "tenía derecho a una indemnización de 4,3 millones de euros, por lo que obtuvo una ventaja de 18,4 millones de euros", continúa la nota.
La CE consideró que España, mediante el convenio de 2011 entre el Ayuntamiento y el club, "concedió ilegalmente ayuda estatal al Real Madrid, en infracción del artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la UE", y estableció que España estaba obligada a recuperar la ayuda ilegal a través del Ayuntamiento.
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