El que fuera marido de la actriz, cantante y presentadora Leticia Sabater, el empresario ovetense José María Fernández, más conocido como "Morgan", se enfrenta mañana a una pena de siete años de prisión como presunto autor de un delito de alzamiento de bienes, entre otros.
Según la versión del fiscal, el empresario falseó las cuentas y llevó una sociedad de la que él era el único socio a un concurso de acreedores voluntario para evitar el pago de una deuda de más de 100.000 euros a otra compañía.
El empresario, administrador y socio único de la empresa Inverferma, está acusado de los delitos de frustración de la ejecución por alzamiento de bienes, de incumplimiento e irregular llevanza de contabilidad y de presentación de datos falsos relativos al estado contable.
Inverferma contrajo en 2013 una deuda de unos 105.000 euros con Inyco derivada del contrato de construcción del Hotel M de Oviedo, cuyo pago fue ordenado por un juzgado que decretó el embargo de todas las cantidades que pudiera percibir el establecimiento por sus actividades hoteleras.
El escrito provisional de la Fiscalía señala que el procesado, con el objetivo de "eludir las responsabilidades de Inverferma frente a Inyco y frente a otros acreedores", otorgó el 25 de junio de 2013 escritura pública por la que Inverferma vendió el establecimiento hotelero a Solvia Hotels por 3,5 millones de euros, así como el mobiliario por 120.000 euros.
En la misma fecha, añade la Fiscalía, el acusado presentó solicitud de declaración de concurso de acreedores voluntario, así como la simultánea apertura de la fase de liquidación por situación de insolvencia de Inverferma.
La empresa, que no había presentado en el Registro Mercantil las cuentas de 2010, 2011 y 2012, acompañó la solicitud de declaración de concurso acompañada de las cuentas correspondientes a esos ejercicios, pero "no reflejaban la situación real de Inverferma".
El escrito del Ministerio Público advierte de que el impago de las cantidades adeudadas por Inverferma a Inyco ha abogado a esta última a una situación preconcursal, "dependiendo la viabilidad del concurso del cobo del crédito" frente a la primera por lo que la Fiscalía interesa que el acusado las pague en concepto de responsabilidad civil, así como una multa de 37.800 euros.
Este juicio quedó aplazado el 8 de noviembre de 2016 cuando el empresario planteó ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, que llevaba el caso, su derecho a ser juzgado por una sala de lo penal ya que ninguno de los delitos de los que se le acusa supera los cinco años de pena por separado.
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