El Gobierno ha comprometido con Bruselas una batería de inversiones y reformas nuevas para poder solicitar otros 94.000 millones de euros, que se sumarán a los 69.500 millones que ya estaban adjudicados a España en un primer Plan de Recuperación (aunque de momento sólo se han recibido 37.000 millones).
En cuanto a las nuevas reformas, son un total de 18 y están relacionadas con la energía, el agua, la vivienda, la ganadería o los lobbies. Prácticamente la totalidad de ellas ya han sido puestas en marcha por el Ejecutivo, o, al menos, anunciadas. Algunas, incluso, estaban ya en tramitación en las Cámaras y han quedado en el aire con el adelanto electoral.
Según consta en el documento publicado este miércoles por el Gobierno, las reformas incorporadas al Plan de Recuperación inicial son las siguientes:
- Real Decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2022. Se desarrolla el mandato de la Ley de Cambio Climático (proveniente del Plan de Recuperación) de crear zonas de baja emisiones en municipios con más de 50.000 habitantes y territorios insulares.
- Modificación del Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. El Consejo de Ministros aprobó el 28 de marzo de 2023 un real decreto para actualizar la normativa.
En el mismo ámbito se incluye también el Real Decreto por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero. Este Real Decreto se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre de 2022 a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Sanidad. - Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Esta ley, aprobada en junio de 2022, es una de las que ha frenado en seco su tramitación en las Cortes por el adelanto electoral.
- Real Decreto por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola. Fue aprobado el 27 de diciembre de 2022.
- Lucha contra la Desertificación. El Gobierno hace referencia a la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, que aprobó el 21 de junio de 2022.
- Estrategia de eficiencia energética en la Red de Carreteras del Estado (RCE), presentada por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el 25 de octubre de 2022. En el Plan se detalla que promueve un sistema de gestión inteligente de la iluminación de las carreteras a través de la digitalización, aspirando a reducir en un 50% el consumo energético.
- Protección de los consumidores. Medidas encaminadas a reducir el impacto del aumento del coste de la energía en los ciudadanos, con particular atención a los consumidores vulnerables. Aquí se incluye la reforma del Bono Social Eléctrico o la revisión del sistema de determinación del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), ambas ya conocidas.
- Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. La ley que regula los lobbies y crea un registro de grupos de interés público y obligatorio también estaba en tramitación y ha quedado dinamitada con la disolución de las Cortes.
En la misma reforma se incluye el Esquema Nacional de Seguridad, que consiste en la actualización del marco vigente para reforzar la ciberresiliencia y la ciberseguridad, "dando respuesta adecuada los nuevos desafíos derivados de la intensificación de las ciberamenazas y ciberincidentes". - Modificación de la Ley de Defensa de la Competencia y su Reglamento, para mejorar los procedimientos y reducir las cargas administrativas de las empresas, reforzando el marco normativo de defensa de la competencia según las mejores prácticas internacionales para garantizar la existencia una competencia efectiva en los mercados y sectores productivos.
- Modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, para regular las condiciones de entrada y residencia en territorio español de nacionales de terceros países, no miembros de la Unión Europea, con fines de empleo de alta cualificación, bajo los esquemas Tarjeta azul-UE y nacional.
También incluye aquí la Modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para favorecer la incorporación al mercado laboral de las personas migrantes. - Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión. Para impulsar la modernización y mejora de los mercados de valores en aspectos como criptoactivos, requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, facilitar el acceso a los mercados de renta fija, eliminar barreras de acceso a la infraestructura y protección del inversor.
- Plan Nacional de Ciberseguridad, aprobado por el Consejo de Ministros ya en marzo de 2022.
- Creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Ésta ya está creada y designada su sede en La Coruña.
- En el ámbito de las competencias digitales docentes, menciona como nuevas reformas el Real Decreto por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación de los niveles de competencia digital docente y el Real Decreto por el que se establece el marco de competencia digital docente a efectos de certificación.
- Programa de medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler, así como su marco de seguimiento y evaluación, para lograr un incremento efectivo de la oferta de vivienda en alquiler, con especial atención a las áreas territoriales sujetas a mayor tensión en el mercado residencial. Aquí se incluye la línea de préstamos ICO por 4.000 millones avanzada por el presidente del Gobierno durante la campaña de las elecciones autonómicas.
- Planes y estrategias en materia de agua y modificaciones normativas. Se completa el marco normativo y estratégico incluyendo la Orden Ministerial por la que se regulan las Entidades Colaboradoras en materia de seguridad de presas y embalses y la revisión de los Planes Especiales de Sequía.
- Libro Verde para el impulso de las finanzas sostenibles. Este es un objetivo que avanzó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en marzo, pero no llegó a materializarse.
En la misma reforma se incluye la Ley de servicios de atención al cliente, que garantice a los consumidores el ejercicio de sus derechos en relación con los contratos suscritos con las empresas, estableciéndose estándares de calidad y medidas de control o auditoría sobre los citados servicios. - Política de residuos e impulso a la economía circular. Desde la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha venido aprobando una serie de instrumentos normativos de carácter estatal en materia medioambiental. En adelante, se pretende dar continuidad a dichas iniciativas mediante la aprobación de un segundo paquete de actos normativos (nuevos actos, así como la revisión de algunos ya existentes).
Además, ya bajo el paraguas del instrumento concreto RePowerEU para reducir la dependencia energética de Rusia, se plantean dos reformas relativas a los permisos de instalaciones renovables (lograr una mejora del proceso de tramitación administrativa de las instalaciones de generación eléctrica renovable) y a la protección de los consumidores (un conjunto de medidas encaminadas a reducir el impacto del coste de la energía en los ciudadanos, con particular atención a los consumidores vulnerables).
En este sentido, fuentes expertas consultadas por este periódico califican estas reformas de "poco calado", que no están al mismo nivel que las inversiones, como en la primera parte del Plan (reforma laboral, de pensiones, fiscal, etc.). En este caso, son reformas de "acompañamiento" y en algunos casos no son leyes o normas de primer rango, sino que sirven para instrumentar las inversiones.
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