España afronta este 2022 a medio camino de la recuperación de la actividad previa a la pandemia y sorprendida por la sexta ola del virus, el aumento de los costes de materias primas y de la energía y las restricciones de suministros, al tiempo que los fondos europeos de recuperación comienzan a desplegarse y se espera que en 2022 se empiecen a notar en la economía real.
La gran inyección de capital en forma de transición digital y energética que supone el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incluido en Next Generation EU, unido a las reformas estructurales que debe auspiciar, aún no ha desplegado todos sus efectos de estímulo a la recuperación.
Los parámetros de ejecución final de inversiones (un 0,46% del presupuesto disponible para 2021, según el último dato oficial publicado, con fecha de agosto) unidos a los de inversión en términos de contabilidad nacional (la formación bruta de capital fijo ha disminuido un 0,8% respecto a finales de 2020 y un 6,5% respecto a finales de 2019) ponen de relieve el reto de poner en marcha múltiples proyectos de inversión y reformas estructurales simultáneamente, especialmente en sus etapas iniciales. De hecho, de acuerdo con el Banco de España, que inicialmente había previsto un impulso de más de 2 puntos porcentuales en el PIB a consecuencia de las inversiones del Plan, el impacto en términos de crecimiento de PIB en 2021 será de tan sólo 0,3 puntos.
Ciertamente, durante el cuatro trimestre del año se ha acelerado el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, agilizándose la publicación de licitaciones de contratos y convocatorias de ayudas con cargo a Next Generation EU y avanzándose en la autorización del régimen aplicable de ayudas de Estado, así como de diversos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Transformación Económica), lo que permite mirar con más optimismo los efectos en el medio y largo plazo sobre la actividad y el empleo.
Hitos y reformas en 2021
Así pues, el año 2021 se cierra con los primeros hitos de reformas y objetivos de inversión cumplidos y 19.000 millones de euros procedentes de la Comisión Europea ya transferidos a las arcas españolas. Es importante que los recursos lleguen cuanto antes al tejido productivo. Y en 2022, España se ha comprometido con las Instituciones Europeas a cumplir el 43% de los hitos y objetivos del Plan. Por tanto, es necesario continuar agilizando la ejecución de reformas e inversiones para seguir permitiendo nuevos desembolsos de fondos europeos que permitan reforzar nuestra capacidad de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social. 2022 será, por ello, determinante para la recuperación.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 contempla un incremento del 11,2% de los fondos destinados al despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta los 26.900 millones de euros. Tres ministerios concentran más de 60% de los fondos, aunque cabe su posterior transferencia a otras Administraciones y Organismos públicos para su gestión. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuenta con una dotación 5.874,6 millones de euros; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con 4.876 millones, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con 4.378,1 millones. Se prevén transferencias a las Comunidades Autónomas por importe de 8.712,1 millones de euros y de 2.050,2 millones de euros a las Entidades Locales.
Por lo que respecta a los hitos de reformas comprometidas por España en las disposiciones operativas firmadas con la Comisión Europea, destacan, en el primer semestre de 2022, la aprobación y entrada en vigor de un buen número de leyes en materia concursal, de formación profesional, de fiscalidad, de cotizaciones de autónomos y de pensiones complementarias; y en el segundo, reformas de calado en el ámbito de la vivienda, el sector público, el emprendimiento y crecimiento empresarial, el empleo y la segunda parte de la reforma del sistema público de pensiones, con importantes medidas para el refuerzo de su sostenibilidad, entre otras. Un intenso plan de reformas que debe ser impulsado en la segunda parte de la legislatura.
Ejecución de inversiones
Este despliegue tan ambicioso de reformas, críticas para el crecimiento en el medio y largo plazo, deberá compaginarse con una no menos ambiciosa ejecución de inversiones que permita alcanzar los objetivos comprometidos. Si bien es cierto que el grueso de los objetivos de inversión se concentran a partir de 2023, España deberá comenzar ya en 2022 a cumplir algunos de gran relevancia.
Antes de que finalice 2022, destacan la adjudicación de 400 millones de euros para proyectos de movilidad sostenible, la ejecución de obras por valor de 303 millones en modernización de regadíos, la ejecución de 307 millones de euros en inversiones para promover la sostenibilidad y la competitividad de las actividades agrícolas y ganaderas en la agricultura de precisión, la eficiencia energética y la economía circular, la adjudicación de al menos 1.000 millones de euros en inversiones en la red no básica de ferrocarril y carreteras, la concesión de 800 millones de euros en ejecución del programa de transporte sostenible y digital, la aprobación del PERTE en el ámbito estratégico de los vehículos eléctricos y la asignación de al menos 400 millones de euros en ayudas, y la aprobación por el Consejo de Ministros de al menos otros dos PERTE con una asignación total de al menos 400 millones de euros de presupuesto en ayudas para cada uno de ellos.
Tenemos por delante un reto extraordinario como país para ejecutar esas inversiones y reformas. Una oportunidad única que no podemos dejar escapar
La lista de objetivos comprometidos en 2022 continúa con la concesión de al menos 1.200 millones de euros a 78 proyectos innovadores, la dotación de 50.000 nuevas plazas de Formación Profesional frente a las existentes a finales de 2020, la ejecución de al menos el 30% de los 3.000 millones de euros destinados a acciones para digitalizar las pymes a través del programa kit digital, la adjudicación de 561 millones de euros para la ejecución de planes territoriales de sostenibilidad turística en destinos, la adjudicación de 418 millones de euros en desarrollo del programa de Impulso a la Industria de la ciberseguridad nacional y del programa global de innovación en seguridad, la adjudicación de 300 millones de euros en proyectos que fortalezcan las infraestructuras científicas nacionales y la capacidad del sistema español de tecnología e innovación científica, y la adjudicación de 897 millones de euros en nuevos proyectos de I+D+i público-privados, entre muchos otros.
Si este paquete de reformas e inversiones comprometidas no fuera suficiente, España deberá ampliarlas cuando, a lo largo de 2022, modifique el Plan de Recuperación aprobado para solicitar el tramo de 70.000 millones de euros en préstamos que no se incluyeron en el Plan inicial. Esta modificación del Plan puede ser una oportunidad extraordinaria para agilizar el despliegue de las inversiones, así como para ampliar los consensos que garanticen la ejecución de las reformas comprometidas.
Tenemos por delante un reto extraordinario como país para ejecutar esas inversiones y reformas. Una oportunidad única que no podemos dejar escapar. Es por ello urgente reforzar los consensos no sólo sociales, sino territoriales y parlamentarios para garantizar el respaldo necesario a la ejecución del plan en línea con las recomendaciones del semestre europeo, así como facilitar y simplificar el acceso a los fondos por parte del tejido productivo, con el foco puesto en las pymes, agilizando y automatizando trámites y procesos administrativos, ampliando el nivel de información y asistencia a los potenciales beneficiarios y administraciones involucradas e impulsando la colaboración público privada.
La Unión Europea ha cumplido su parte del trato. España en 2022 debe seguir cumpliendo la suya.
Andrés Pereda es director de Desarrollo Corporativo en la Cámara de Comercio de España; y Juan Pablo Riesgo, socio Responsable de EY Insights
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