Cuarenta y cinco años es, aproximadamente, el ecuador de una vida laboral completa. Al menos lo era antes. Hoy, basta con ver el último Expediente de Regulación de Empleo que ha propuesto Telefónica estos días pasados para cerca de 4.000 trabajadores mayores de 55 años (inicialmente se anunció para 5.100 personas), para comprobar que cumplir años se ha convertido en un auténtico hándicap para continuar con absoluta normalidad la actividad laboral en una empresa.
La población española de cuarenta y cinco años o más asciende a 27,6 millones, de acuerdo con los últimos datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística para el año 2022. Representan el 58,16% de la población total del país a 31 de diciembre, cerca de 47,5 millones de habitantes.
Hasta el momento, los 52 años había sido la edad elegida por el Ministerio de Trabajo para situar la cobertura de las prestaciones por desempleo en los casos de paro de larga duración. Ahora, consciente de que la retirada del mercado laboral se produce antes, tanto de forma traumática como pactada, el Ministerio de Trabajo y Economía Social acaba de aprobar la enésima reforma del subsidio por desempleo, a través de un real decreto que simplifica y mejora el nivel asistencial de la protección por desempleo, en el marco de las reformas comprometidas con la Comisión Europea.
Los puntos más destacados de esta reforma son la ampliación de la cuantía al 95% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o lo que es igual, 570 euros mensuales durante los seis primeros meses, 540 euros durante los seis siguientes y 480 el resto del periodo, y también la ampliación del número de beneficiarios a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares.
Las prestaciones por desempleo, tanto en su nivel contributivo como en su nivel asistencial costarán este año un total de 22.000 millones de euros. En los diez primeros meses del año se han pagado 18.303 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. Es un 6,3% más que la factura del mismo periodo de 2022.
Teniendo en cuenta que el gasto medio mensual ha sido en los últimos meses de algo más de 1.800 millones de euros, todo parece indicar que pagar las prestaciones y subsidios a los desempleados costará más al Estado este ejercicio, aunque muy lejos del récord de 32.238 millones de 2010 o los 36.400 millones de 2020, un ejercicio excepcional por la irrupción de la pandemia y el cese de la actividad económica en todo el país durante varias semanas.
La dificultad de emplearse pasados los 45
La protección social es una de las grandes prioridades del Gobierno, pero la pregunta que muchos se hacen es si el país, con déficits presupuestarios crónicos y un altísimo nivel de endeudamiento, se puede permitir el lujo de mantener, vía subsidios, a trabajadores que tienen entre 45 y 55 años y enormes dificultades para reincorporarse al mercado laboral hasta alcanzar la edad legal de jubilación.
Las cifras son suficientemente esclarecedoras de la difícil situación que se va creando a medida que se cumplen años. Como hemos dicho, la población de 45 años y más representa el 58,16% de España. Sin embargo, con 10,555 millones suponen algo menos de la mitad de la población ocupada en España al término del tercer trimestre (exactamente el 49,6%), según el INE.
Analizando las cifras de paro registrado y las prestaciones por desempleo, los porcentajes empiezan a presentar un mayor peso específico de los mayores de 45 años. Según el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE), en número de parados mayores de 45 años ascendía en noviembre a 1,557 millones, el 57% del total de desempleados (2,734 millones). Pero hay comunidades autónomas donde se supera el 60%. Son los casos de Canarias, Galicia o La Rioja. Asturias, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla- La Mancha y Castilla y León, se acercan peligrosamente a ese porcentaje.
Pero hay más datos que no invitan al optimismo. En España hay 251.023 parados en busca de su primer empleo. Lo peor es que uno de cada tres, en concreto, 83.216, tienen más de 45 años, lo que hace aún más dificultoso su integración en el mercado laboral. Más de 83.000 personas no han trabajado nunca a pesar de haber cumplido los 45 años y, supuestamente, buscan activamente un puesto de trabajo. En regiones como Canarias o Galicia, el porcentaje de mayores de 45 años que "buscan" su primer empleo supera el 40%.
Repasando exclusivamente las cifras de beneficiarios de cualquier tipo de prestación por desempleo se observa que a finales del pasado mes de noviembre recibían ayudas un total de 1,824 millones de parados. De ellos, 833.872 (45,7%) percibían una prestación de nivel contributivo, otros 894.132 (49%), una prestación de nivel asistencial y el resto, 96.159 (5,27%), la renta activa de inserción. Para percibir esta última hay que tener un mínimo de 45 años y menos de 65 años, haber extinguido una prestación contributiva o subsidio por desempleo y no tener derecho a percibir cualquiera de estas o la renta agraria.
Los mayores de 45 años suponen el 61,74% de los perceptores de una prestación sea contributiva o asistencial; representan apenas el 43,33% de los que cobran una prestación contributiva, a la que han tenido derecho por haber cotizado a la Seguridad Social; son el 76,68% de los que perciben un subsidio y el 82,58% de los que acceden a la Renta Activa de Inserción.
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