Como es la medida “que necesita España”, Mariano Rajoy sostiene una y otra vez que nada llevará al PP a cambiar la reforma del mercado de trabajo presentada el pasado 10 de febrero. Ni siquiera la huelga general que tendrá lugar mañana y cuyo desenlace aún está por ver. Rajoy entiende que la reforma obtuvo un apoyo más que suficiente en el Congreso de los Diputados –casi 200 votos favorables-, que los mercados se cebarán más con el país si no se aprueban normas de semejante calado (que se lo pregunten si no a Mario Monti) y que, a pesar del traspié astur y andaluz, la mayoría absoluta de su formación les legitima para ello.
Sin embargo, parece que el Gobierno del PP puede transigir ante peticiones amigas, léase Convergencia i Unió (CiU) y hasta dirigentes de su propio partido. Se trata de la supresión de la autorización administrativa para los despidos colectivos plasmada en la reforma laboral; con anterioridad, el empresario que quisiera hacer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con una indemnización de 20 días por año trabajado tenía que recibir el permiso de una autoridad, que podía ser la consejería de Empleo de la comunidad de turno o del Ministerio de Empleo (antes Trabajo). Desde el 10 de febrero, esa autoridad deja de existir.
Preocupación de CiU... y del PP
Al parecer, el PP se ha avenido a negociar este punto para así sumar más apoyos al término de la convalidación parlamentaria, que se producirá a comienzos de abril. “Estamos a favor del grueso de la reforma”, confía un diputado de CiU. “Pero creemos que debería de existir una figura que, por ejemplo, frenase un ERE sin ninguna razón de ser”.
Este tema preocupa a los nacionalistas catalanes y a otros partidos periféricos. Pero también a algunos barones del Partido Popular. Vozpópuli publicó hace dos semanas que la Junta de Castilla y León había pedido al Ejecutivo Central en una carta firmada al alimón con los agentes sociales reconsiderar este punto. A las comunidades autónomas les parece que este rasgo de la reforma supone una pérdida de soberanía que les impide mediar en casos de conflicto como los ERE.
Lo que sí mantiene la reforma del PP es la obligación de la empresa de abrir un periodo de consultas con los sindicatos de entre 15 y 30 días. Si no hay acuerdo, los sindicatos pueden acudir al Juzgado de lo Social, donde es más difícil conseguir una sentencia favorable a los intereses de los trabajadores; pero también es verdad que, llegado el caso, el magistrado puede anular los despidos planteados por el empresario.
