Los despachos de abogados principales reconocen que las compañías con las que trabajan se están encontrando cada vez con más aperturas de actas de Hacienda, pero también reconocen igualmente que la apertura de paralelas a particulares está siendo especialmente intensa en los últimos meses. El Gobierno necesita ingresos aunque sea buscando debajo de las piedras y obtenerlos revisando declaraciones es una vía clara, aunque los contribuyentes se sientan desengañados porque, de la misma manera que les investigan a ellos unas declaraciones que habían presentado voluntariamente, ven que España aprueba una amnistía fiscal para los capitales evadidos.
Consultadas dos fuentes pertenecientes a las Big Four (grupo compuesto por Deloitte, KPMG, Ernst & Young y PriceWaterhouseCoopers) confirman que “ha aumentado la presión sobre personas físicas y jurídicas”, señalando en una de estas entidades que la intensidad ha repuntado en este trimestre y en otra que esta tendencia la han detectado desde hace algo más, incluyendo por tanto los últimos meses del zapaterismo.
En ambas, coinciden incluso en la misma frase: “hay empresas que durante años no han visto un inspector de Hacienda y ahora de repente se encuentran con la apertura de un acta por cuestiones que antes pasaban desapercibidas”. Por ejemplo, en materia de precios de transferencia, indican.
Los expertos culpan a esto, por un lado, a la falta de asesoría adecuada contratada por las compañías, pero por otro al Plan de Control Tributario, cuyas líneas para 2012 ya apuntaban que irá en esta línea.
A particulares, más
Pero lo más llamativo es que “también han aumentado de manera significativa las comprobaciones a particulares”, en cuestiones como la vivienda o revisando las deducciones. De hecho, una de las fuentes comentaba coloquialmente que “están en plan salvaje; la impresión que tenemos es que todas las declaraciones que tenían catalogadas como dudosas (no coincidencia de los cálculos del fisco con lo presentado) se han cuestionado y se ha mandado de una manera automática la paralela”. Para eso no hacen falta más recursos.
El experto realizaba valoraciones aunque aclarando que a título personal: “en mi opinión, el fraude no está en la gente que tiene nómina. El que ha declarado algo ha dado muestra clara de buena fe. Se le puede aplicar la diferencia, pero además sancionarle, como está ocurriendo, es discutible, sobre todo porque, además, el particular tiene muy pocas opciones de defenderse. Los importes recaudados de las familias no serán destacables pero a cambio el daño a los particulares sí lo será”.
En Hacienda apenas han querido hacer otro comentario que referirse al Plan de Control Tributario citado. Sin embargo, han reconocido a lo largo de las semanas previas que el Ejecutivo, además de asustarse por las cifras reales de déficit, ha comprobado con pavor lo bajos que son los ingresos.
El recurso de ‘rebañar’ ingresos de declaraciones presentadas en el pasado tiene el coste social y político de hacerlo mientras se facilita las cosas a los evasores. Las fuentes se lo toman con filosofía: “al final ese dinero de la amnistía es dinero que pagará algo de impuestos y volverá al circuito español, porque la mayor parte de gente que quiere regularizar lo hará por necesidad, no por ponerse a buenas con el fisco. Lo hizo el PSOE y ahora lo hace el PP”.
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