El sucesor de Camps al frente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, se encontró al tomar posesión con las arcas vacías. Tras pagar a los pequeños proveedores 500.000 euros atrasados desde junio de 2011, el presidente de la Generalitat no disponía de fondos con los que abonar las nóminas de diciembre de los diputados y funcionarios de la autonomía, valoradas en 1,6 millones al incluir las pagas extra. Así que se vio obligado a tomar el camino de la Moncloa y allí pedir liquidez a cambio de que las cuentas se hiciesen en Madrid. Rajoy y Fabra también acordaron que este pacto no saliese a la luz.
En una reunión con el objeto de captar inversores para sus bonos patrióticos, el propio consejero de Economía valenciano, Máximo Buch, reconoció que sus presupuestos se elaboraban en Madrid. Y fuentes cercanas a Moncloa han confirmado esta realidad. Los técnicos de la Generalitat se están aferrando al concepto de los ‘hispabonos’ con la esperanza de salvar sus cuentas para este año. Estos títulos consisten en unas emisiones de las comunidades que serían avaladas por el Estado central, pues en la actualidad los mercados no van a acoger nada que porte la etiqueta de ‘made in CCAA’. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ya ha declarado en público que están trabajando en su creación.
Problemas con Andalucía y Cataluña
Los valencianos precisan recortar 2.200 millones para cercenar su déficit desde el actual 3,68 por ciento de su PIB hasta el 1,5 exigido por el Gobierno. Pero ésta no es la única autonomía en dificultades. Los catalanes ya han solicitado liquidez a Montoro después de que éste les negase los 219 millones para infraestructuras recogidos en el Estatut.
Consciente de estos problemas de caja, el Gobierno de Rajoy ha diseñado las líneas de pago a los proveedores. Además, ha anunciado las medidas incluidas en el último ajuste de 10.000 millones en educación y sanidad, pensadas para facilitar que las regiones apliquen la tijera y así compensen la persistente caída de los ingresos. Por otro lado, la Ley de Estabilidad Presupuestaria que entrará en vigor el 1 de mayo permitirá al Gobierno central intervenir las autonomías que no se disciplinen, justo antes de que se celebre el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera en la primera quincena de mayo.
Los mercados están mostrando una gran preocupación sobre todo por el estado de Andalucía y Cataluña. En manos del PSOE y CiU respectivamente, la primera ha de reducir el gasto en 2.460 millones, y la segunda en 4.390 millones. Juntas representan casi el 60 por ciento del recorte que tienen que hacer las comunidades y podrían rebelarse ante un Gobierno del PP. De ahí que Montoro ya les haya devuelto las cuentas para que las rehagan bajo la amenaza de intervención. El pulso está servido…
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