El Banco de España se planteó hace unos meses cómo solventar los quebraderos de cabeza que le da el sector financiero. Su gobernador, Fernández Ordóñez, contemplaba todas las posibilidades, desde utilizar los saneamientos hasta los esquemas de protección de activos o los bancos malos. De modo que hace unos meses solicitó informes externos a tres consultoras. Y dos de ellas fueron Blackrock y Oliver Wyman, los nombres que más han sonado para llevar a cabo las auditorías externas prometidas por Guindos.

Ordóñez ordenó esos estudios por su cuenta, costeados por el Banco de España y sin que los servicios de inspección se enterasen. Dadas las críticas que ya empezaba a recibir, su idea consistía en averiguar por boca de extranjeros con experiencia en estos procesos de limpieza qué hacer. Y el gobernador dispone de ellos desde hace un mes.  

En sus informes, estas sociedades llegaron a conclusiones muy dispares. La gestora de fondos Blackrock elevó el agujero por los activos tóxicos hasta los 100.000 millones y recomendó un banco malo, mientras que Oliver Wyman lo ubicó en unos 30.000 millones. La tercera realizó una valoración del entorno de los 50.000 millones.

Fuentes del sector confirman que estos papeles han circulado entre los directivos de las principales entidades y el Ministerio de Economía. De hecho, explican que Guindos tomó como referencia la cifra calculada por Oliver Wyman para que los inspectores del Banco de España le elaborasen los números que justifican ahora un saneamiento de 30.000 millones.

En su viaje a Madrid hace unas semanas, representantes del Fondo Monetario Internacional estaban al tanto de estos documentos y consideraban que era bueno que el Banco de España manejase otras opiniones.

El nombre de estas dos consultoras, Blackrock y Oliver Wyman, ha sido barajado para que realicen las auditorías externas de las entidades españolas a las que se ha comprometido Luis de Guindos. Sin embargo, el secretario de Estado de Economía, Jiménez Latorre, ha desmentido que éstas sean ya las firmas elegidas y explicó que esperan tomar la decisión en los próximos días mediante el procedimiento de urgencia establecido en la Ley de Contratos del Estado.

El mismo Jiménez Latorre ha declarado que el mercado percibe que hay una necesidad de hacer una valoración adicional porque se quiere máxima transparencia y disipar dudas, “aunque nada hace pensar en resultados distintos”.