El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado en el Congreso que el Gobierno avanzará en la toma de medidas orientada a poner "techo" a las "subidas abusivas" de los alquileres, como se recoge en el pacto de investidura del PSOE con Unidas Podemos, y ha avanzado que el índice de precios para determinar qué mercados están "saturados" estará listo finalmente el próximo mes de marzo.
De acuerdo a Ábalos, dichas medidas serán "coyunturales y temporales que puedan hacer los ayuntamientos" y permitirán "limitar las subidas en las zonas tensionadas".
Si bien no ha precisado cuándo entrarán en vigor esas medidas, ha incidido en la importancia del índice de precios del alquiler, que estará finalmente listo en el próximo mes de marzo. Será el primero en fijar datos que serán considerados como oficiales sobre el coste de los alquileres, frente a las estadísticas de los portales inmobiliarios que imperan ahora.
Tensión con Calviño
Las palabras de Ábalos chocan con las recientes declaraciones de Nadia Calviño sobre una materia que levanta ampollas en el inmobiliario el pasado 23 de enero.
La vicepresidenta económica del Gobierno afirmó entonces a la Cadena Ser que ahora "queremos movilizar suelo y vivienda para alquiler. En los últimos años se ha desmontado el parque de vivienda social, que daba esa primera oportunidad a los jóvenes de tener un alquiler barato. Después de tomar medidas el año pasado para proteger al inquilino, este año nos queremos centrar en medidas para aumentar la oferta. Las ciudades que están regulando el precio de la vivienda no están teniendo mucho éxito, hay un debate ahí". Sus palabras motivaron la pregunta parlamentaria de Ínigo Errejón que fue contestada por Ábalos este miércoles.
Unas palabras que evidencian divisiones o, al menos, dobles mensajes por parte del Gobierno respecto a medidas dirigidas a implementar controles sobre los precios. Dichas medidas, en caso de ser impuestas a CC.AA. y Ayuntamientos, serán recurridas al Tribunal Constitucional, al menos, por la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, las jurisdicciones más afectadas junto a las catalanas por la tensión de precios en los arrendamientos residenciales.
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