Los abogados se movilizan contra la intención de Hacienda de limitar el derecho al secreto profesional del colectivo.
El Ministerio de Hacienda trabaja estos días en la transposición de la Directiva 2018/822 sobre nueva obligación de "comunicar mecanismos transfronterizos". La Directiva impone la obligación de revelar a la Administración tributaria operaciones, situaciones, que afectan a más de un Estado, que puedan ser sospechosas de elusión fiscal; y también contempla que serán las normativas nacionales las que definan el alcance del secreto profesional que ampara a abogados y asesores fiscales.
El Colegio de Abogados de Madrid ha manifestado esta mañana a través de un comunicado "su honda preocupación y contundente rechazo por la anunciada intención de la Administración Tributaria de limitar o neutralizar el secreto profesional de los abogados de empresa, y comparte íntegramente la posición ya expresada en este sentido por el Consejo General de la Abogacía Española".
El organismo recuerda que el secreto profesional es un derecho y un deber del abogado "con independencia de la forma -por cuenta propia o por cuenta ajena- de ejercicio de la profesión". Y advierte que la transposición de la directiva "constituye el asidero al que pretende agarrase la Administración" para limitar dicho derecho.
"Dicho asidero sería un subterfugio intolerable para el fin pretendido al conllevar un menoscabo injustificado de derechos inalienables del profesional de la abogacía y de las personas para las que presta sus servicios, hasta tal punto que quedaría en entredicho la misma figura del abogado de empresa", subraya el Colegio de Abogados de Madrid.
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