Un 66,2% en tan solo una década. La escalada del precio del alquiler en España se ha acentuado durante el último lustro, debido a las condiciones económicas del país y la constante subida del IPC que ha lastrado la salud financiera de prácticamente todas las familias. Según los especialistas del sector, ya es más caro en nuestro país vivir de alquiler que comprar una vivienda y requiere un 46% más de ingresos por parte del ciudadano que si lo comparamos con solicitar una hipoteca a una entidad bancaria.
Una realidad que los propios datos avalan. Solo en septiembre el precio medio de la vivienda en nuestro país subió un 0,7%, lo que se traduce que el metro cuadrado está tasado en 11,9 euros, según los datos proporcionados por Idealista. Por si fuera poco, tras la Ley de Vivienda, aprobada el pasado 24 de mayo, 21 capitales españolas han batido récords históricos.
En los últimos tres meses el precio de los alquileres moderó su subida al 0,3%; sin embargo, si se compara con el mes anterior, la vivienda en alquiler se abarató el 1,1 %. Una dinámica que se llevaba observando en Madrid y Barcelona y que en este septiembre se han unido al elenco Baleares (con un incremento del 22,7%), Comunidad Valencia (con un 15,9%), Canarias (14,5 % hasta los 12,8 euros por metro cuadrado) y Andalucía (llegando a los 12,4%).
A todo esto, hay que sumarle la escasez de ofertas y las condiciones que exigen a la hora de alquilar una vivienda. Y es que la tónica general de los anuncios en Idealista tienen un factor común que se repite: el apartado de requisitos. El miedo generalizado de los arrendatarios a la hora de dar las llaves de su casa a morosos o jóvenes que no lleguen a fin de mes ha hecho que el mercado sea cada vez más exigente, ahogando a aquellas personas que se quieren independizar con sueldos mileuristas.
'Le Morne Braban Abogados' recalca el problema del alquiler de viviendas
'Le Morne Braban Abogados', despacho de abogados multidisciplinar fundado en el año 2002, ha querido recalcar la legalidad y las prácticas abusivas instauradas dentro del sector inmobiliario a la hora de alquilar una vivienda. En líneas generales, a la fianza de un mes que se solicitaba antiguamente se han venido sumando más y más requisitos: una mensualidad extra, las últimas tres nóminas, un aval por parte de terceros, un contrato de trabajo, la vida laboral, referencias externas y el certificado de saldos del nuevo inquilino.
Cristina Hermosilla, abogada de 'Le Morne Braban Abogados', ha recalcado que el principal factor disruptivo de la actualidad es la no existencia de una normativa que salvaguarde al inquilino y que ponga unos límites al arrendador. Según la letrada, en su opinión, la primera medida que extinguiría al considerarla la más abusiva son las relativas al saldo bancario de los solicitantes del alquiler y, en el caso de que no tengan el capital suficiente para hacer el primer pago, la presencia de una avalista.
Ambas exigencias chocan directamente con el derecho de protección de datos. Ante la disyuntiva del sector inmobiliario, Cristina Hermosilla recomienda solicitar un servicio jurídico: "Si el contrato se está realizando con una entidad mercantil de las denominadas como grandes tenedoras o como vulgarmente se conocen fondos buitre, lo más seguro es que dicho contrato contenga cláusulas que han sido declaradas nulas por nuestros Tribunales y que sin embargo, a día de hoy siguen exigiendo al arrendatario aprovechando el desconocimiento de este sobre las modificaciones relativas a la vivienda".
El otro factor que ha generado la dinámica actual es que se ha establecido como una práctica habitual el exigir las nóminas y la declaración de la renta de los futuros inquilinos. Tal y como indica 'Le Morne Braban Abogados' la realidad es que un poder adquisitivo medio/bajo puede desembocar en un riesgo de impago; sin embargo, "lo cierto es que, en la actualidad, esta documentación se solicita a cualquier arrendatario o inmobiliarias", por lo que se considera una práctica abusiva y que no es recíproca, viéndose el inquilino en la mayoría de ocasiones desprotegido.
Una nueva tendencia en las Comunidades de Propietarios: individualizar los gastos
Si encontrar un piso en alquiler es una misión ardua y compleja, la convivencia y gastos de comunidad es la siguiente traba en el camino. Le Morne Brabant Abogados recuerdan que aunque los gastos que asume el inquilino no han cambiado, Comunidades de Propietarios se están individualizando más los consumos, por ejemplo el agua o la calefacción.
La normativa vigente que regular las Comunidades de Propietarios permite que el coste de suministros -luz, agua, gas y calefacción- corra a la cuenta del propietario de cada una de las viviendas. Al igual que pasar con el alquiler. El coste de los suministros individualizados pueden recaer sobre el inquilino, esto es algo que en la mayor parte de las viviendas de Madrid anteriormente no sucedía y ahora supone un coste más para el inquilino.
¿Son asumibles estas exigencias que presentan ambas ofertas para una persona que quiere independizarse o mudarse con su pareja? Lo más probable es que ante la crisis inmobiliaria que sufre nuestro país, estos pisos vuelen en apenas una semana. Aun así, las condiciones para el alquiler una vivienda están llegando a puntos inimaginables y que ni los intentos desesperados del Gobierno de regular el sector, ni las constantes denuncias de la ciudadanía han tenido impacto a la hora revertir la situación. Por ahora, lo único que queda es esperar a que el precio de las viviendas y de los alquileres descendía.
estebanmc
Quién se va a calentar con la calefacción es el inquilino, no el propietario. Quién va a usar el agua caliente es también el inquilino. Es completamente lógico que esos suministros los pague el inquilino. Otra cuestión es que eso supone de facto una subida de la cuota, ya que antes iban incorporados en la cuota de la comunidad, y ahora se pueden calcular.
Serwin
Digo yo, no sería más fácil y daría posibilidad a todas las personas que tienen limitado el acceso al mercado de alquiler que se dieran procedimientos de seguridad al arrendador en caso de impago, y ya el colmo de bueno tener más oferta de viviendas que daría también trabajo en lugar de tanta y tanta burocracia inútil, con poco suelo para construir que encarece el precio de la vivienda. La confusión de nuestros políticos y prensa es pensar que el ciudadano tiene la obligación de dar servicio de vivienda, sin seguridad jurídica y, por favor, dejad la demagogia de fondos buitres e informaros porque esos fondos lo conforman miles de pequeños ahorradores, de personas normales, las grandes fortunas saben donde poner su dinero.