El Castor sigue siendo un quebradero de cabeza para ACS. La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de exigir la devolución de los pagos relacionados con la revocación de la concesión ha dejado en una situación financiera muy compleja a Escal, la concesionaria del almacén de gas en la que el grupo de constructor y servicios tiene una participación mayoritaria. Tras la resolución del organismo regulador, la viabilidad de la filial de ACS depende de que la matriz realice una notable aportación, en torno a 250 millones de euros. De lo contrario, Escal se verá abocada a la disolución.
Los pagos fueron suspendidos a comienzos de 2018, cuando se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional declaraba contrarios a la Carta Magna algunos artículos del Real Decreto Ley promulgado en 2014 por el que se revocaba la concesión del Castor y se establecía una indemnización de 1.350 millones de euros para Escal. Hasta entonces, la filial de ACS había recibido cerca de 195 millones procedentes de las liquidaciones del sistema gasista, como quedó establecido en el mencionado decreto.
El corte de la retribución, cuando apenas habían transcurrido tres años desde la aprobación del decreto, afectó al balance de Escal, que había incurrido durante los ejercicios anteriores en numerosos costes relacionados con la puesta en servicio y el mantenimiento del almacén, cuya actividad cesó en 2013 debido a la notable sismicidad provocada por su explotación. Por este concepto, la concesionaria obtuvo una compensación cercana a 280 millones de euros, de los que 210 millones le serían abonados con cargo a la liquidación del sistema.
Esta situación hizo que Escal presentara balances con fondos propios negativos, que alcanzaron los 92 millones de euros al cierre de 2018, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes conocedoras de la situación. Desde el mismo año 2014, ACS trató de paliar la situación a través de un préstamo participativo a su filial, una de las fórmulas contempladas en la Ley para evitar la entrada en causa de disolución de las sociedades.
Vuelta al desequilibrio
El préstamo, con un vencimiento a dos años, se fue novando progresivamente, aunque tras la suspensión de los pagos ACS se vio obligada a incrementar su cuantía hasta los 95 millones de euros.
De esta forma, Escal volvía a tener fondos propios positivos, toda vez que la Ley permite computar los préstamos participativos dentro de esta partida. Pero toda vez que la CNMC ha decretado que Escal debe devolver las cantidades percibidas antes de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, la filial de ACS ha visto como su equilibrio financiero volvía a saltar por los aires.
La primera medida adoptada por el grupo que preside Florentino Pérez ha sido recurrir la decisión del regulador a la Audiencia Nacional, como informó a finales de octubre el diario El Economista, que además aseguró que las medidas cautelares solicitadas por Escal habían sido rechazadas.
En el caso de que no prospere la reclamación, ACS tendrá que reforzar de forma notable sus aportaciones a Escal para evitar males mayores. Y además, deberá actuar con celeridad puesto que el préstamo participativo vence en los primeros días del próximo mes de enero. El grupo constructor, que ostenta dos tercios del capital de la concesionaria, podría incrementar la cuantía del préstamo (en algo más de 100 millones de euros, con lo que la aportación total se aproximaría a los 250 millones) o bien optar por promover una ampliación de capital para reestablecer el equilibrio financiero de Escal, posibilidad esta última remota.
Límite, dos meses
La medida adoptada por la CNMC, que también afecta a las tres entidades financieras que ostentan los derechos cobro relacionados con la compensación por el fin de la concesión (Santander, Caixabank y Bankia), contó con el aval del Consejo de Estado. Los diversos dictámenes emitidos por el órgano consultivo consideraron adecuada la decisión del regulador aunque también instaban al Gobierno a reanudar lo antes posible los pagos tanto a los bancos como a Escal y a Enagás, al interpretar que la sentencia del Constitucional no cuestionaba el hecho mismo de la indemnización ni las cuantías sino la forma en que se hizo, a través de real decreto ley, una fórmula que la situación de la concesión del Castor no justificaba.
Este asunto está en manos de la Justicia, concretamente en el Tribunal Supremo, que trabaja en la petición responsabilidad patrimonial que los bancos pidieron al Estado para que los pagos por el Castor se reanudaran. Es decir, la resolución no se espera a corto plazo mientras el tiempo se agota para la supervivencia de Escal. ACS deberá moverse con celeridad.
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