Economía

ACS y Ferrovial prometen 12.649 millones al Gobierno si les deja explotar los peajes de las autovías

El Gobierno tiene la intención de cobrar por el uso de sus autopistas. Una noticia que se ha celebrado entre las grandes constructoras y concesionarias. Seopan, la patronal que integra

El Gobierno tiene la intención de cobrar por el uso de sus autopistas. Una noticia que se ha celebrado entre las grandes constructoras y concesionarias. Seopan, la patronal que integra a grandes empresas del sector como ACS y Ferrovial, lleva año tras año defendiendo esta reforma. Sus estudios muestran que los peajes en autovías y autopistas podrían generar al año 12.649 millones de euros. Eso sí, si la operación y conservación de estas vías se pusiera en manos del sector privado. 

Según los datos facilitados por Seopan a Vozpópuli, si se concesionase esta actividad se podría generar dos pilares de ingresos públicos. Por un lado, Hacienda tendría encima de la mesa 3.953 millones de euros por la vía del IVA, 731 millones de euros del impuestos de sociedades y, según sus cálculos, 14 millones de euros al año por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 

El resto llegaría por aportación directa de las propias concesionarias. Según la patronal que también integra a Acciona, FCC, OHL o Sacyr, las empresas harían un pago inicial a las administraciones públicas de 5.614 millones de euros, un pago anual de 4.827 millones de euros y ahorrarían 850 millones al año a las arcas públicas por el mantenimiento de la red.  

“Si se implantasen un peaje por distancia con las tarifas medias de peaje europeas en nuestra red de 14.130 km de autovías libres (excluyendo las de accesibilidad urbana de 905 km) del Estado, CCAA, Diputaciones y Cabildos, y se concesionase su operación y conservación al sector privado (sistema free flow) durante un periodo de 25 años, se obtendrían hasta 104.000 millones (solo) con el pago inicial del sector privado”, detallan desde Seopan. 

Modelo europeo

El grupo de interés que lideran ACS y Ferrovial insiste en que el escenario que propone es el habitual en Europa y que España es la excepción. El territorio español concentra el 73,5% de la red de autovías libres europeas y con el menor porcentaje de vías tarificadas de Europa, un 12,8%. “Aumenta la falta de armonización con Europa, donde 23 países tienen tarificado el 100% de su red de autovías. Destaca Alemania, que en 2018 implantó peajes en su red de carreteras federales de 38.000 km de extensión”, insisten. 

El pago por uso ha sido uno de los puntos más llamativos de las propuestas que ha puesto encima de la mesa cada año este grupo de grandes empresas. Ahora, ante la necesidad recaudatoria del plan que el Gobierno ha enviado a Bruselas, parece que está más cerca que nunca de alcanzarlo. 

Nueve veces más caro

El precio que se pretende cobrar por kilómetro es uno de los puntos donde más distanciados están. Mientras que la asociación que lidera ACS y Ferrovial maneja un peaje medio de 0,09 euros por kilómetro para los coches y de 0,19 euros para los camiones, estimación basada en las tarifas medias de peaje europeas, el Ejecutivo se limita al cobro de un céntimo por kilómetro, según desvelaba este viernes la Cadena SER

Como contaba Alejandra Olcese en Vozpópuli, el compromiso del Gobierno con Bruselas para desplegar el "pago por uso de la red viaria de carreteras" es una medida que se incluye dentro de su ficha 28 sobre la reforma fiscal. "Con el fin de lograr una movilidad más sostenible, deberán analizarse las figuras que gravan o que podrían gravar la utilización o disposición de vehículos o el uso de carreteras, entre otros", señalan, en alusión a la posible creación de algún nuevo impuesto que habría que pagar por tener un coche o utilizar las carreteras.

El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez no da más detalles, no explica cómo funcionaría ese impuesto ni si los pagos por el uso de carreteras se articularían en forma de peajes, ni en qué vías en concreto. Sí que especifica que la aprobación de este nuevo pago no llegará hasta el último trimestre de 2023, con lo que no entrará en vigor hasta 2024.

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