La batalla jurídica por el Castor parece no tener fin. Escal, la antigua concesionaria del polémico almacén de gas, participada mayoritariamente por ACS, ha elevado un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Supremo en contra de la decisión de proceder a la definitiva hibernación y desmantelamiento de la instalación que tomó el Gobierno a finales de octubre. La compañía considera que el Castor aun podría prestar servicio en condiciones de seguridad, pese a que en su día tuvo que detener su actividad tras ocasionar más de un centenar de movimientos sísmicos frente a las costas de Castellón, donde se encuentra situado.
El consejo de ministros del pasado 31 de octubre acordó que el Castor pasara definitivamente a la historia al decretar la puesta en marcha de su hibernación de las instalaciones y del cierre y sellado definitivo de los pozos para proceder a su desmantelamiento.
Escal renunció a la concesión del almacén de gas después de los sucesos acaecidos tras el inicio de su actividad y recibió una compensación, vía Real Decreto Ley, de 1.350 millones de euros por parte del Estado, en virtud de lo que se contemplaba en la norma que articuló la citada concesión. Lejos de ponerse fin a este episodio, Escal ha tenido que afrontar varias demandas por lo acontecido (algunas de las cuales aún siguen en curso) y su defensa se ha basado siempre en que contaba con las autorizaciones pertinentes del Gobierno, liderado en aquel entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, y que los informes que presentó no recogían riesgo alguno derivado de su funcionamiento.
El deseo de Florentino Pérez
Poco antes de que el actual Ejecutivo decidiera el cierre definitivo del Castor, Florentino Pérez, presidente de ACS, compareció en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Cataluña acerca del polémico almacén de gas y reiteró tanto su convencimiento de que todas las actuaciones fueron correctas como su deseo de que la historia del Castor no finalizara en este punto y pudiera volver a ponerse en marcha, aunque Escal no fuera ya la concesionaria.
La compensación por revocar la concesión también está notablemente judicializada. El Tribunal Constitucional anuló algunos preceptos del Real Decreto Ley por el que se articulaba la compensación al entender que aquella situación no justificaba este tipo de norma. El efecto fue la paralización inmediata de los pagos, que se articulaban a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su papel de regulador del sector energético.
Los perjudicados fueron Santander, Caixabank y Bankia, los tres bancos que poseen los derechos de cobro de la indemnización, y que también acudieron al Supremo para solicitar al Estado que asuma la correspondiente responsabilidad patrimonial de la administración.
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