El Gobierno pisa el acelerador para que la alta velocidad ferroviaria llegue a Asturias. Tras muchas dudas y pasos atrás, el Ministerio de Fomento, a través de Adif-Alta Velocidad, ha adjudicado uno de los contratos clave para este proyecto: el que ejecutará la construcción de los revestimientos de los túneles con los que el AVE salvará el Puerto de Pajares y cuyas repetidas inundaciones han hecho que la conclusión del trazado se haya eternizado. Pese a tratarse de un contrato especialmente delicado, hasta el punto de que lleva más de cuatro años en el aire, finalmente se ha adjudicado con una baja cercana al 35%.
El trazado del AVE a Asturias pasa por uno de los paradigmas del despilfarro en infraestructuras que han llevado a cabo los sucesivos gobiernos españoles desde que comenzó a desarrollarse la red de alta velocidad. En el caso concreto de este proyecto, su talón de Aquiles ha sido el complicado paso por Pajares. Las repetidas inundaciones de los túneles construidos salvar las dificultades orográficas no sólo han retrasado las obras hasta el extremo (las primeras previsiones de inauguración apuntaban al ya lejano 2009) sino que han enterrado más de 3.000 millones de euros en el intento.
Desde finales de 2013, la llegada del AVE a Asturias está pendiente del contrato para la construcción del revestimiento de la denominada galería de Folledo, destinado a reforzar uno de los pasos más delicados del tren. Por entonces, el Ministerio de Fomento, bajo el mando de la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, puso en marcha la licitación con el objetivo de poder adjudicar el contrato antes del verano de 2014.
Sin embargo, las dudas en torno a la viabilidad del proyecto, tras numerosos intentos fallidos de acabar con las filtraciones en los túneles, hicieron que el desenlace de la licitación quedara en suspenso durante muchos meses. Finalmente, en julio de 2016, en pleno periodo de Gobierno en funciones tras las elecciones celebradas un mes antes, Fomento decidió desistir de la licitación, clave para la denominada variante de Pajares. El motivo fue la "necesidad de un nuevo proyecto que recoja las necesidades no previstas", unas de las causa contempladas por la Ley para enterrar una licitación.
Bajas excesivas para Fomento
Más de un año después, Fomento volvió a la carga y licitó de nuevo el contrato, con el mismo presupuesto que cuatro años antes, algo más de 11,7 millones de euros. Ahora, acaba de adjudicar el contrato a una UTE formada por Grupo San José y Ferpi Transportes y Obras, que presentó una de las 26 ofertas que han llegado hasta Adif-Alta Velocidad, con un precio de 7,6 millones de euros.
En este caso, el precio no era el único criterio que se tenía en cuenta para la adjudicación. En concreto, el precio tenía una ponderación de 60, frente a la de 40 de la oferta técnica. No obstante, llama la atención que en un proceso tan delicado, Adif haya optado por una propuesta con una significativa baja en el precio, teniendo en cuenta las malas experiencias habidas en el pasado con las bajas.
Precisamente, el próximo jueves entra en vigor la nueva Ley de Contratos Públicos, uno de cuyos objetivos precisamente es evitar los casos de bajas temerarias. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, aseguró este lunes en un desayuno informativo organizado por Vozpópuli que los esfuerzos del Ministerio de Fomento habían hecho que las bajas máximas pasaran de estar por encima del 50% a rondar el 30%, cifra que, no obstante, consideró aún demasiado elevada. La del contrato de Pajares está incluso por encima.
Las bajas en Metro de Madrid
El periodo de transición entre la aprobación de la Ley de Contratos Públicos y su entrada en vigor está siendo el escenario de numerosas adjudicaciones con bajas que rozan lo temerario. Uno de los casos más significativos es el de Metro de Madrid. En las licitaciones referidas a remodelaciones de estaciones, los contratos de ingeniería se han adjudicado con criterios exclusivamente económicos (algo que prohíbe expresamente la nueva Ley). En algunos casos, las bajas han superado ampliamente el 50%.
Es el caso del contrato relacionado con la instalación de ascensores en la estación de Tribunal, en el que la oferta adjudicataria presenta una baja del 56%. En el caso de la estación de Bilbao, el contrato ha sido concedido a la misma empresa, denominada Curva, con una baja superior al 52%. En ambos casos, la temeridad estaba situada en el 50%.
Estas decisiones han hecho incluso que Ciudadanos, socio de Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid (la Administración que controla el suburbano de la capital), haya planteado una pregunta al respecto en la Asamblea de Madrid.
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