Adif echará el resto en su prolongado conflicto con las contratistas de las obras para desarrollar la red de alta velocidad. La compañía pública encargará una serie de informes periciales para responder a las múltiples reclamaciones que las empresas, en su mayoría constructoras, han presentado en los últimos años en relación con los contratos del AVE y que han obligado al gestor de la red ferroviaria a provisionar notables cantidades en las cuentas de los últimos años. El valor de la licitación para contratar esta asistencia jurídica asciende a algo más de seis millones de euros.
Las cuentas de la filial de alta velocidad de Adif correspondientes al ejercicio 2018, registradas recientemente por la compañía, contemplan una partida de 656 millones de euros para provisionar el riesgo derivado de estos litigios. Actualmente, el volumen de las reclamaciones se aproxima a los 1.000 millones de euros.
Los pleitos se remontan a los últimos años y están relacionados con denuncias de impagos, solicitudes de compensaciones por la paralización de los trabajos y trámites de modificados, algunos de ellos relacionados con la fluctuación en el precio de los materiales. También se incluyen reclamaciones por incumplimientos de plazos así como indemnizaciones por contratos que se resolvieron anticipadamente por diversas causas.
La licitación del contrato para la prestación de servicios relaciones con los informes periciales y contrapericiales que pone en marcha Adif está dividida en cuatro lotes, dado el volumen económico del mismo y la notable cantidad de procesos que actualmente siguen dirimiéndose en los tribunales.
Cuatro lotes
La compañía pública ha diseñado los diferentes lotes en función de las líneas de la red de alta velocidad afectadas por las reclamaciones. El primero de ellos incluye los informes relativos a pleitos que tienen que ver con el denominado Eje Atlántico del AVE a Galicia; por su parte, el segundo incluye aquellos que afectan al tramo Valladolid-Asturias y también al AVE a Extremadura, uno de los más polémicos por la cantidad de retrasos acumulados en su ejecución.
El tercer lote se ocupa de las reclamaciones por las líneas entre Madrid y Valencia, Madrid y Burgos y el tramo Castejón-Pamplona, uno de los de más reciente aprobación. Un último contrato se refiere a la denominada Y Vasca, la línea Córdoba-Málaga y el tramo Nudo de la Encima-Valencia.
Los pleitos se remontan a los últimos años y están relacionados con denuncias de impagos, solicitudes de compensaciones por la paralización de los trabajos y trámites de modificados
Los pleitos se han reproducido a lo largo de la década, aunque la situación se agravó especialmente debido a los efectos de la crisis económica. La situación provocó incluso un bloqueo en el desarrollo de la red ya que la práctica totalidad de los contratos llegaron a estar afectados por algún tipo de proceso judicial, cuando no directamente parados, con las obras por ejecutar.
A la resolución de este problema no contribuyó de forma positiva el hecho de que durante casi todo 2016 el Gobierno estuvo en una situación de en funciones. De hecho, cuando finalmente pudo constituirse en Ejecutivo, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, destinó buena parte de sus primeros esfuerzos al desbloqueo masivo de los contratos.
