Las lluvias torrenciales han arrasado Valencia. Dejan, hasta el momento, más de un centenar de fallecidos. Han destruido miles de viviendas y también infraestructuras públicas como son las que tienen que ver con los trenes, cuyo responsable último es Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).
Ha llegado el turno de reclamar a los seguros compensaciones por las pérdidas. Es significativo el caso precisamente de Adif. Este organismo, dependiente del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con Óscar Puente al frente, adjudicó de urgencia y a bajo precio el seguro para cubrir sus infraestructuras de larga distancia frente a desastres naturales como la DANA que ha asolado la capital del Turia y sus alrededores.
Lo hizo después de que este verano la licitación para encontrar aseguradora quedase desierta tras no presentarse ninguna empresa al concurso público. Y ello a pesar de que el montante aprobado fue la mitad respecto a la anterior licitación. En concreto, 4,03 millones de euros frente a los 8,12 millones de euros de 2020. Aún así, quedó desierto. Así lo acreditan los documentos públicos consultados por Vozpópuli a través del portal de contrataciones del Estado.
La anterior póliza expiraba el 31 de agosto y Adif necesitaba moverse con rapidez. Además, este organismo tenía la imperiosa necesidad de disponer de un seguro cuanto antes para que, en un caso de desastre natural como el vivido en Valencia, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) restañase económicamente las pérdidas. Por ello, se lanzó una licitación por procedimiento de urgencia que acabó con la entrada en vigor de la póliza el pasado 1 de septiembre. Fue adjudicado a HDI Global SD.
Hay que subrayar que la aseguradora no cubre los daños causados por un suceso como el acaecido en Valencia. En concreto, quedan excluidos aquellos bienes dañados por "la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes ordinarios". En este caso los cubre el CCS, pero para ello, repetimos, es necesario contar previamente con una póliza en vigor, de ahí que se optara por la adjudicación vía urgente.
Adif era consciente de ello y así lo refleja en la documentación consultada por este medio: "La existencia de la póliza es imprescindible para contar con el aseguramiento de riesgos extraordinarios (inundaciones extraordinarias, tempestad ciclónica atípica, etc.) ofrecido por parte del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), garantizando así el patrimonio de las entidades ante este tipo de riesgos, cuyo impacto económico es muy elevado".
Además, destaca que el CCS es quien cubre fenómenos de la naturaleza, como lo son los "terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias (incluyendo los embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h, y los tornados)".
La documentación también refleja que "en este tipo de seguros, parte de la prima que se paga a la aseguradora (adicional a otros impuestos y recargos comunes) consiste en un recargo específico que se le transferirá al CCS y que permitirá la posible cobertura de los activos dados de alta en la póliza en el caso de ser dañados por los riesgos extraordinarios definidos y regulados", y destaca que la adjudicación se aprobó a la baja: "El presente procedimiento se va a realizar mediante procedimiento de urgencia, utilizando el criterio de adjudicación basado en el precio más bajo. Los motivos de realizar este tipo de procedimiento se encuentran plenamente justificados en la declaración de urgencia".
26.300 millones de activos asegurados
El total de los activos cubiertos asciende a 26.306 millones de euros. Las principales partidas se destinan a la plataforma y las vías, con 19.167 millones de euros, las instalaciones de seguridad, con 2.839 millones de euros, la electrificación de la red, con 1.980 millones de euros, y el tendido subterráneo y aéreo de fibra óptica, con 263 millones de euros.
La cantidad asegurada se desgrana por zonas: Madrid-Barcelona-frontera con Francia, 7.017 millones de euros; Levante, 5.915 millones de euros; Sur (Toledo-Sevilla-Málaga-Granada), 4.466 millones de euros; Madrid-Valladolid-León-Asturias-Venta Baños (Burgos), 3.985 millones de euros; Galicia (Olmedio-Ourense), 1.574 millones de euros; Corredor Mediterráneo (Valencia-Castellón-Tarragona), 1.361 millones de euros; León-La Robla/Eje Atlántico (Santiago-Vigo), 905 millones de euros; Extremadura (Atocha-Badajoz-Lisboa), 642 millones de euros; Extremadura (Mérida-Aljucén/Monfragüe), 309 millones de euros; y Astigarraga-Irún, 128,5 millones de euros.
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