El Gobierno de España, de la mano de Pedro Sánchez e Isabel Rodríguez, ha puesto en marcha una de las medidas más ambiciosas para combatir la crisis de vivienda: la creación de una nueva Empresa Pública de Vivienda. Esta entidad, que tendrá un papel central en la política de vivienda del Ejecutivo, ya ha recibido una importante inyección de activos: más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial provenientes de la Administración General del Estado (AGE).
El objetivo principal de esta transferencia es claro: impulsar la construcción de viviendas sociales de alquiler asequible. Con esta medida, el Gobierno busca ampliar el parque de vivienda pública y ofrecer alternativas a precios accesibles para aquellos que más lo necesitan, como anunciaron ayer durante el foro sobre el acceso a la vivienda.
El traspaso de viviendas de la Sareb
Pero la AGE no es la única entidad que contribuirá a la nueva empresa pública. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como el "banco malo", también jugará un papel crucial en este proceso.
De forma inmediata, la Sareb transferirá 13.000 viviendas a la Empresa Pública de Vivienda. Además, se ha acordado la incorporación progresiva de otras 17.000 viviendas, lo que supondrá una inyección considerable de inmuebles para el parque público de vivienda.
Prioridad en la compra de viviendas y suelo
La nueva Empresa Pública de Vivienda no solo se nutrirá de las transferencias de la AGE y la Sareb. También tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las Comunidades Autónomas.
Esta medida otorga a la empresa pública una posición privilegiada en el mercado inmobiliario, lo que le permitirá ampliar aún más su cartera de inmuebles y desarrollar proyectos de vivienda social en todo el territorio nacional.
Con la creación de la Empresa Pública de Vivienda y la transferencia de activos de la AGE y la Sareb, el Gobierno da un paso importante en su objetivo de ampliar la oferta de vivienda pública y facilitar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
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