Inspectores, funcionarios y ex altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT) a los que ha preguntado Vozpópuli creen que la AEAT es el origen de la filtración a Pablo Casado de los datos fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso que el líder de la oposición ha afirmado tener. Coinciden en que estas declaraciones ponen a la Agencia en el disparadero y que debe abrir una investigación.
"Salvo que los haya dado el propio Tomás Díaz Ayuso, es impepinable que sus datos fiscales salen de la Agencia Tributaria. Es evidente que hay una responsabilidad en la Agencia Tributaria, lo que no creo que sea de la institución, de sus responsables, sino que algún funcionario ha incumplido las normas, por amistad o simpatía con quien se lo pidiera o por dinero. Institucionalmente desde arriba no lo creo porque tengo en la mayor estima a su director, Jesús Gascón. Pero hay un fallo interno", considera Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la AEAT.
La primera reacción de inspectores y funcionarios de la AEAT el viernes tras las declaraciones de Casado en la Cope fue de estupefacción. "A mí me llegó una información a finales de diciembre con datos fiscales y bancarios, se podría inferir que venía de una institución pública", ha dicho el presidente del PP. Si fue Moncloa la que filtró el dossier, ha asegurado rotundamente, que "no es verdad". Según el líder de la oposición, la información emanaría de entidades públicas, datos "de posibles transferencias y datos fiscales", que "no obra en poder de cualquier persona".
Ruiz-Jarabo cree que la AEAT debería abrir una investigación, buscar los accesos que ha habido a ese contribuyente, motu proprio. Apunta que no hay obligación formal de hacerlo pero considera que "es lo que debe hacerse y lo mejor para la AEAT y lo que suele hacerse en otras ocasiones". Recuerda una filtración sobre la declaración de la Renta de Esperanza Aguirre poco antes de unas elecciones y cómo la AEAT, entonces con el PP en el Gobierno y Cristóbal Montoro de ministro de Hacienda, anunció con rapidez que abría una investigación. Todo ello, si no lo pide el propio Tomás Díaz Ayuso. Si lo hace, la AEAT estará obligada a abrir investigación, advierte. Pero considera que "es mucho mejor para la institución que lo haga la AEAT de oficio".
De entrada, la AEAT debe abrir lo que se denomina una "información previa", no propiamente una investigación, sino su prólogo, apunta Ruiz-Jarabo. Se trata de un proceso de información reservada por el que se analiza si abrir un expediente o no. Si se comprueba que ha habido un acceso no justificado a esos datos, se abre expediente.
Otro inspector y ex alto cargo de Hacienda consultado plantea que el Servicio de Auditoría Interna (SAI) suele mirar quién ha accedido a los datos fiscales y pide justificación. Es algo habitual que sale de forma automática en el control de accesos de altos cargos. Este control debe hacerse y Hacienda debe dar explicaciones si no lo hace, apunta un ex alto cargo de la AEAT.
Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), explica que "la AEAT cuenta con un riguroso sistema de control de accesos, que identifica y deja registrado quien, cuando y a qué dato se accede. Además, el propio sistema pide una justificación de acceso, que es controlada mensualmente, y en muchos casos el servicio de auditoría interna de la AEAT requiere una justificación adicional por parte del funcionario. Simultáneamente existe un sistema de sanciones administrativas que pena cualquier vulneración de este deber de sigilo, compatible con el hecho de que estas infracciones pudieras ser constitutivo de alguno de los tipos del Código Penal".
José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), destaca que "la dirección de la AEAT (el SAI, el Servicio de Auditoría Interna) está obligada a verificar si alguna o algunas personas empleadas en la AEAT accedieron a la información fiscal del hermano de Isabel Díaz sin motivo para ello". Si fuese así, la AEAT iniciará un expediente disciplinario por falta grave a quien accedió sin motivo y posterior revelación de datos reservados, y además "debería asumir públicamente que se ha detectado una intrusión ilegítima en esos datos", advierte.
Fuentes oficiales de la AEAT no se pronuncian preguntadas por qué les parecen las declaraciones de Pablo Casado y por si han abierto investigación. Dicen que no hay papeles ni pruebas que comentar. En la misma línea lo hacen desde el Ministerio de Hacienda y responden que no saben si hay una investigación abierta.
A Ruiz-Jarabo y a otros ex altos cargos y funcionarios de la AEAT consultados por Vozpópuli les extraña que no se haya abierto ya una investigación y que no se anuncie. Aunque el Gobierno trate de echar balones fuera y desvincularse de la guerra interna en el PP, como hizo la portavoz, Isabel Rodríguez, que el presidente del principal partido de la oposición diga que tiene datos fiscales de un contribuyente interpela directamente a la AEAT, que depende del Ministerio de Hacienda.
Entrando en el detalle de los hechos, fuentes conocedoras explican que el contrato es de 2020 y sitúan la filtración el pasado abril de 2021, precisamente en la campaña electoral de las elecciones a la Comunidad de Madrid. El 30 de abril de 2021 venció el plazo de presentación del modelo 347, por el que las empresas comunican a Hacienda los datos de personas con quienes, en el año anterior, han tenido facturación superior a 3.000 euros.
Casado y el modelo 347
Ese modelo 347 refleja el dato global de facturación, sin individualizar el importe de cada operación. Alguien filtra al PP que esa empresa ha declarado, en el modelo 347, 286.000 euros de operaciones con el hermano de Díaz Ayuso. Para las fuentes citadas, el origen de la filtración sólo puede ser el Ministerio de Hacienda, y por eso, la filtración se produce después de abril de 2021, no antes. Así, el dato filtrado es el declarado, que es el global, de 286.000 euros. Con esa información que Génova no sabe o no quiere interpretar, Casado atribuye esos 286.000 euros al contrato que la Comunidad de Madrid publica con esa empresa en el Portal de Transparencia, cuando ese dato global del modelo 347 no tiene por qué corresponder a un único contrato.
El error de la cifra queda en evidencia cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid detalla que el hermano facturó 55.580 euros por servicios prestados para cumplir ese contrato.
El Modelo 347 lo declara tanto el empresario como su proveedor directamente a la AEAT y no se hace a través del banco, a diferencia de lo que puede ocurrir con la declaración de la Renta. Así lo refrenda Pérez-Boga: "Si la cesión de datos tributarios se produjera en torno a declaraciones de profesionales y empresarios, quienes deben presentar telemáticamente todos sus documentos tributarios, dado que todos y cada uno de los accesos son rastreables, en la AEAT, en unos cuantos minutos, se podrá determinar si hay o no entradas a la base de datos para fines ajenos a los tributarios".
Dicho lo anterior sobre los controles y las circunstancias del caso, la Asociación de Inspectores de Hacienda "no entra a valorar informaciones sobre posibles cesiones de información, máxime cuando el celo y sigilo de los funcionarios de la AEAT goza de una reputación intachable". En dicho sentido, destacan que "en ocasiones anteriores se señaló injustamente a funcionarios de la AEAT como presuntos comunicadores de datos, y los hechos posteriormente demostraron su inocencia. Y todo ello, por supuesto, sin perjuicio de que en caso de que sea requerido para ello por los tribunales de Justicia, la AEAT entregue la información que proceda, en base a la ley y su deber de colaborar con órganos judiciales”.
A José María Mollinedo le han llamado la atención las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso respecto de lo que le dijo su hermano: "Ese importe está regulado en Hacienda", término que le sugiere que ese importe está "regularizado", es decir, que no se declaró en su momento, y se presentaron complementarias con posterioridad, regularizando lo no declarado en plazo. Pero advierte de que es una conclusión por lo que sugiere esa palabra. Debería preguntarse si realmente declaró y regularizó o no después, apunta.
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