En un plazo de apenas tres años, España pasó a convertirse en el país con más demandas en contra presentadas ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi). El motivo fue la cascada de denuncias por parte de inversores internacionales, mayoritariamente fondos de inversión, por los recortes de las primas relacionadas con la apuesta por las energías renovables. Pero el descrédito de encabezar la lista de los estados más demandados se podría traducir en una penalización económica que sume varios miles de millones de euros después de que el primero de estos casos haya sido resuelto en contra del Estado.
El pasado viernes se conoció que el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, ha dictado un laudo que condena al Reino de España a indemnizar con 128 millones de euros al fondo británico Eiser Infrastructure, que presentó una reclamación ante el tribunal internacional al sentirse perjudicado por el cambio de reglas de juego que introdujo la reforma energética, que contemplaba una revisión a la baja de las primas para energías renovables. Eiser invirtió algo más de 300 millones de euros en tres plantas termosolares y solicitaba al Ciadi una indemnización equivalente a dicha cantidad, aunque su demanda ha sido tan sólo parcialmente estimada.
El problema es que la de Eiser constituye solo una de las primeras demandas de este tipo que se registraron por idénticos motivos ante el tribunal internacional del Banco Mundial. Y el precedente puede resultar funesto para el Estado. Tanto el Ministerio de Energía, a través de un comunicado, como el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quitaron hierro al laudo del Ciadi. Pero no es tan sencillo predecir las consecuencias para las arcas públicas.
El departamento que dirige Álvaro Nadal aseguró que la resolución del tribunal no constituye un precedente vinculante ni debe extrapolarse al resto de casos. Lo cierto es que prácticamente todas las demandas presentadas por fondos internacionales se basan en el mismo precepto: un cambio regulatorio no previsto que hubiera influido a la hora de decidir sobre sus inversiones. De esta forma, aunque el Ciadi constituye un tribunal diferente para cada caso, será complicado que el caso de Eiser no sea empleado como precedente, en especial por el árbitro designado en cada caso por la parte demandante.
Por su parte, el portavoz del Gobierno aseguró, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, que el Ejecutivo estudia recurrir el laudo. En este caso, las posibilidades de éxito son mínimas. Para revisar una decisión del organismo de arbitraje, la parte demandada debería denunciar una grave irregularidad en el tribunal constituido (relacionado con la corrupción) o denunciar un hecho desconocido en su día tanto por ella como por el cuerpo de árbitros designado.
En la práctica, recurrir con éxito un laudo del Ciadi es misión prácticamente imposible. Incluso se han dado casos de laudos que han sido anulados y posteriormente repuestos a petición de la parte demandada tras una posterior revisión.
Tampoco es sencillo que el Estado esquive la obligación de ejecutar de inmediato la resolución del Ciadi, es decir, el pago de la cantidad exigida. En este caso, el Reino de España podría pedir una medida cautelar para retrasar el pago de la cantidad si finalmente interpone una reclamación. Pero la parte demandante podría exigir, en este caso, el depósito de una garantía hasta que haya un pronunciamiento definitivo.
Eso sí, al menos las sucesivas resoluciones llegarán de forma tendida en el tiempo. El caso que acaba de concluir ha estado en el Ciadi tres años y medio, un periodo que se adecúa a lo que los expertos consideran para el caso de este tribunal internacional (cuyas resoluciones llegan en un plazo estimado de entre tres y cuatro años). Las últimas demandas por el recorte a las renovables llegaron en el verano del pasado año, con lo que las sanciones para España se podrían extender hasta el año 2020.
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