En España no hay manera de saber quién es socio de una sociedad, el contenido del libro de socios es privado, a diferencia del resto de países de la UE, en los que se identifican en el Registro Mercantil. Este agujero merma el derecho de trabajadores, acreedores de los socios y el Estado en la lucha contra el fraude y para paliar la corrupción. Esta anomalía no ha existido siempre, arranca de una reforma legal del Gobierno de Felipe González en 1989. Convierte a España en una especie de paraíso de las sociedades opacas irrastreables y es una de las causas por las que las acciones del Estado español contra los oligarcas rusos se colocan a la cola de las de otros países, según trasladan fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.
El contenido del libro de socios es por lo tanto privado, no público, nadie puede tener acceso. Lo lleva el administrador, que puede hasta tenerlo vacío si así lo estima oportuno. Su inscripción en el Registro sólo legaliza, sin entrar en el contenido. En cambio, en el resto de Europa, la información detallada de las sociedades y sus socios se puede consultar en los Registros Mercantiles muy potentes, que centralizan toda la información.
En Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Austria… hasta Suiza, los terceros pueden consultar en Internet, mediante el pago de aranceles, la lista de socios de una sociedad limitada. Esta opacidad absoluta de las sociedades limitadas en España, que funcionan como verdaderas "anónimas", se ha convertido en un caso excepcional en Derecho comparado. "España se presenta en la práctica como verdadero paraíso fiscal donde domiciliar sociedades opacas que forman eslabones de cadenas de sociedades veladas", lamenta Luis Fernández del Pozo, catedrático de Derecho Mercantil.
Fernández del Pozo advierte desde hace tiempo sobre este problema y urge a acabar con él. A su juicio, uno de los efectos más graves es el olvido de los derechos legítimos de terceros. Un escenario muy complejo para el acreedor embargante de participaciones, incluso en embargos dictados en procedimientos administrativos o tributarios. A su vez, el comprador de participaciones no tiene garantías.
En los últimos años, las legislaciones de los países vecinos se han reformado para responder a las necesidades de la prevención del blanqueo de capitales y demás prácticas fraudulentas que exigen una publicidad actualizada de la composición subjetiva de las entidades -trusts incluidos- que venían operando sin transparencia.
Para garantizar los derechos, el resto de países ha adoptado medidas rigurosas, ampliando la legitimación para el acceso al registro privado a terceros aunque sea mediante el pago de un canon a abonar a la sociedad.
Las actuaciones que se conocen del Gobierno español contra sancionados son más escasas y menos contundentes que las del resto de países y mucho más opacas. Según publicó Vozpópuli, el Ejecutivo eludía retirar las cerca de 1.500 golden visa otorgadas a rusos a cambio de inversions pese a la presión de la Comisión Europea para revocarlas, lo que ya habían hecho Portugal, Grecia o Chipre.
Pues bien, se ha conocido, sin que se haya informado públicamente, que el Gobierno ha decidido no otorgar más, pero mantiene las que hay. Compromís y Más País han llevado al Congreso una propuesta para que sean retiradas. Para Joan Baldoví, diputado de Compromís, "el Gobierno está siendo lento con las represalias a oligarcas rusos".
Incautación de yates
Cuando se estaban cuestionando estas actuaciones, Pedro Sánchez anunció en La Sexta la incautación de un yate de un oligarca en el puerto de Barcelona cuya presencia era notoria, junto con la de más embarcaciones, pero no se actuaba. Francia, Italia, Alemania y Reino Unido llevaban entonces semanas con acciones de este tipo de las que informaban constantemente sus autoridades. Pero es que además sus iniciativas son más contundentes, ya que de momento España se limita a congelar activos pero no embarga, desahucia ni se hace con estos bienes.
Desde el entorno gubernamental y administrativo se esgrime que la legislación española no lo permite, aunque explican que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado pueden trasladar sus hallazgos a un juez para que actúe contra testaferros y verdaderos titulares de sociedades y bienes. En este estadio sitúan posibles embargos, decomisos y desahucios.
Un total de 862 personas y 53 entidades habían sido objeto de medidas de inmovilización de bienes y prohibición de viajar el 15 de marzo, según público Vozpópuli, cuando los Registradores de España acababan de concluir su primera ronda de escrutinio de oligarcas y sociedades en España en la lista de personas y entidades sancionadas por la Comisión Europea. Desde entonces Bruselas ha aprobado más sanciones. La lista se revisa constantemente y está sujeta a renovación periódica.
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