Con retóricas casi antagónicas pero alguna coincidencia de fondo, al menos, en vivienda. Vox y Sumar, los partidos a priori a la derecha e izquierda del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, coinciden en la promesa de limitar los alquileres turísticos o de temporada que han catapultado empresas como Airbnb en toda España tras las elecciones generales del 23 de julio.
La formación que lidera Santiago Abascal alega que la "saturación y masificación de los cascos históricos de pisos turísticos ha dinamitado la armonía entre residentes y turistas", e incide en que "la proliferación masiva de de pisos turísticos" ha contribuido al "encarecimiento" del "precio de la vivienda".
En esa línea, desde Vox prometen una "homogeneización de la normativa turística en materia de viviendas con fines turísticos para toda España" que "garantizará la competencia en igualdad de condiciones con el resto de alojamientos turísticos, como hoteles o campings; velará por la preservación de los derechos de los vecinos residentes y la vida de los barrios", además de frenar el citado "encarecimiento" de la vivienda.
"La regulación de los arrendamientos turísticos recae fundamentalmente sobre las comunidades autónomas y ayuntamientos dado que la normativa sobre arrendamientos urbanos excluye explícitamente de su ámbito de aplicación las cesiones temporales del uso de viviendas amuebladas y equipadas que se comercialicen a través de canales de oferta turística, remitiendo su regulación a la normativa turística autonómica, que se ha caracterizado por su dispersión"Informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada
Por su parte, la candidatura que encabeza la actual vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz asegura que si gana los comicios establecerá limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada "para que no se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda" impulsada por el actual Ejecutivo de coalición de izquierdas. La formación de Díaz plantea también un nuevo impuesto a las empresas que destinen viviendas al alquiler turístico.
Durante las negociaciones por la Ley de Vivienda, Unidas Podemos puso sobre la mesa del PSOE la limitación a estos alquileres al 2% de los habitantes de las zonas en que se encuentren. Una petición que se saldó con una disposición adicional de crear un grupo de trabajo que analice medidas en torno a estos arrendamientos.
El Banco de España advierte un mayor peso de la vivienda turística
En cualquier caso, ni el PSOE ni el PP aluden en sus programas electorales a los alquileres turísticos, un asunto que el Banco de España ha abordado en su último boletín económico sobre la vivienda, del pasado mes de junio. De acuerdo al supervisor de los mercados financieros, "la vivienda turística ha ganado importancia relativa desde el verano de 2021 (...) siendo un factor que también ha contribuido a la menor oferta de vivienda residencial". El "desajuste" entre la oferta y la demanda de vivienda guarda una relación "significativa" con el alza de los precios, añaden desde el BdE.
La patronal de los hosteleros, Exceltur, ha puesto de relieve el encarecimiento de la vivienda en las zonas con mayor presencia de pisos turísticos desde 2010
En noviembre de 2022, la patronal de las empresas del turismo, Exceltur alertó de que "la detracción de viviendas del mercado residencial por el alquiler turístico ha alcanzado niveles disfuncionales para garantizar su habitabilidad por parte de los residentes en algunas zonas muy concretas de las principales ciudades españolas", poniendo los ejemplos del Casco Antiguo de Sevilla (como la zona de Santa Cruz con más de un 60% de viviendas turísticas), en Madrid (el caso de Sol, con cerca de un 30% de viviendas turísticas), el Mercat en Valencia (casi un 20%), el Centro de Málaga (12,3%) o el Barrio Gótico en Barcelona (11,7%). Según el estudio de Exceltur sobre Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia y San Sebastián, "los precios de venta en las zonas turísticas se ha elevado desde 2010 un 9,1% (...) mientras en el resto de la ciudad el incremento se ha limitado al 0,5%". En contrapartida, a preguntas de este medio sobre la actual campaña electoral, desde la asociación de pisos turísticos Fevitur no se han hecho comentarios.
Por su parte, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el mercado de los alquileres turísticos planteó en 2019 que la vinculación entre estos y los precios podía cambiar según la ciudad, y que cualquier decisión sobre la regulación o no de este negocio no podía tomarse sin tener en cuenta el impacto en la economía por la vía del turismo. Desde la propia Airbnb se aseguraba que sus usuarios habían generado en 2018 un impacto económico directo en España de más de 6.000 millones de euros.
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