"No se observa una estrategia conjunta y coordinada a la hora de actuar sobre los hogares más vulnerables a los shocks energéticos". Es el diagnóstico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre las ayudas que viene aprobando el Gobierno ante la crisis energética y por la guerra de Ucrania. En su Informe sobre los Proyectos de Presupuestos de las Administraciones presentado este martes, la Autoridad Fiscal analiza la distribución de cada medida según los niveles de renta y concluye que las que más recaen en las rentas altas son las del transporte, especialmente el abono de Renfe para la media distancia, y las de carburantes. Son dos de las ayudas más caras y la del transporte, la única que el Gobierno ya ha comunicado que prorroga y ha incluido en los Presupuestos de 2023.
La AIReF subraya la importancia de este análisis cuando el Gobierno no ha detallado qué va a hacer con estas medidas salvo con las del transporte, a diferencia del resto de países de nuestro entorno, y su prórroga puede comprometer el cumplimiento del objetivo de déficit que el propio Ejecutivo se ha marcado y tendrá impacto en el cumplimiento que haga España de las recomendaciones de la Comisión Europea por su elevada deuda.
Y cuando prevé un escenario de inflación persistente y constata que los hogares de menor renta resultan más vulnerables al incremento de la inflación, ya que destinan una mayor proporción de su renta al consumo de energía y alimentos y son precisamente lo que tienen menor capacidad para reducir su consumo o sustituirlo por otros bienes.
Así, advierte de que la brecha entre la inflación que soportan los hogares de rentas altas frente a las bajas se ha ido ampliando a medida que ha ido avanzando la crisis por el mayor peso que en las cestas de consumo de los hogares más vulnerables tienen los alimentos y energía, que son los que más han incrementado sus precios.
El Informe alerta de que las medidas que actúan sobre los precios de la energía no presentan especial focalización en los individuos de menor renta. Es decir, a pesar de la tradicional regresividad del IVA, traslada que la reducción del IVA y de los impuestos a la electricidad tiene un impacto homogéneo por niveles de renta. Sin embargo, la rebaja del IVA del gas o la bonificación al consumo de combustible, que costaría unos 6.700 millones en un año, se concentran más en las rentas altas.
Los resultados que se obtienen para las bonificaciones al transporte metropolitano, cercanías o media distancia tampoco muestran focalización, al concentrarse estas infraestructuras en ciudades que en general presentan mayor nivel de renta. Estas ayudas has costado en 2022 cerca de 220 millones y se prevé que en 2023 supongan 700.
En cambio, la AIReF destaca que las medidas destinadas a compensar la pérdida de renta real provocada por la inflación como el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas, la ayuda de 200 euros a hogares vulnerables o el bono social térmico sí son, por definición, de naturaleza focalizada.
Otras medidas como el complemento a las becas o la ampliación de la reducción de los rendimientos del trabajo afectan principalmente a hogares de rentas medias. Sobre esta última ha informado Vozpópuli este martes de que la Autoridad Fiscal ha mostrado dudas sobre que realmente ayude a los hogares más vulnerables, aunque el Ministerio de Hacienda asegura que la AIReF recomienda actuar sobre ella.
La reducción del déficit del Gobierno para 2023, compatible con los escenarios uno y dos del Plan Presupuestario, es el resultado de una notable contribución cíclica según sus estimaciones. En un escenario sin prórroga de medidas sería la mejora del saldo estructural la que explicaría principalmente la reducción del déficit en 2023 según la AIReF. No obstante, en un escenario con prórroga de medidas desaparecería la mejora estructural y la reducción del déficit en 2023 sería muy inferior.
En caso de prorrogarse todas las medidas para 2023, la evolución del gasto primario corriente de las Administraciones Públicas quedaría claramente por encima del rango de cumplimiento de la CSR fiscal, esto es, las Recomendaciones Específicas por País (CSR por sus siglas en inglés) adoptadas este año por el Consejo Europeo, que establecen para los países de deuda alta, como España, una referencia cuantitativa que limita el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional.
El coste adicional de la prórroga de las medidas supondría un incremento del gasto primario corriente neto de medidas de ingresos del 6,5% anual en 2023 de acuerdo con las estimaciones actuales de AIReF. Esta tasa se situaría por encima de las dos referencias compatibles con el cumplimiento de la recomendación fiscal. En este escenario, reconducir la variación del gasto primario corriente hasta tasas compatibles con la CSR implicaría adoptar medidas adicionales de reducción del déficit por valor de 8.600 millones de euros o el 0,6% del PIB.
España, farolillo rojo
El Informe compara los paquetes de ayudas de España con el de las cinco mayores economías de la zona euro y señala que una diferencia fundamental entre sus planes presupuestarios es el grado de concreción que han proporcionado hasta la fecha en relación con las medidas que se prorrogarán o adoptarán el año que viene. Francia, Alemania y Países Bajos detallan varias de estas medidas y su impacto presupuestario.
Considerando las medidas anunciadas por el momento para el año que viene, el total de ayudas en 2022 y 2023 en las cinco mayores economías de la zona euro estaría entre el 3,7% y el 2,3% del PIB. En concreto, Francia hasta un 3,7% del PIB, Italia un 3% (en proyección tendencial para 2023 a la espera de lo que ha el nuevo Gobierno), Países Bajos y Alemania, un 2,6%, y España, el farolillo rojo, el 2,3% (tomando la posible prórroga de medidas dele escenario 2 del Plan Presupuestario).
Hay que destacar que los países que sí concretan las medidas prevén que el impacto presupuestario de estas medidas en 2023 sea superior al de 2022 (en el caso de Alemania, si tenemos en cuenta el paquete de ayudas de 200.000 millones que el Gobierno de coalición anunció en septiembre).
Ni Francia ni Alemania prorrogarán en 2023 la ayuda de carburantes. Alemania, que va a deflactar el IRPF, tampoco prorrogará el pago único para los beneficiarios de determinadas transferencias sociales o la reducción de los precios del transporte público.
En un escenario sin prórroga de medidas en 2023, la mera desaparición progresiva de las medidas supondría una mejora en el saldo estructural de casi un punto porcentual de PIB, según el Informe, cerca de 12.000 millones -cuando el Gobierno llega a cuantificar las ayudas en 35.000-. En cambio, si se prorrogaran las medidas para todo el año 2023, para la AIReF el déficit sería prácticamente el mismo que en 2022, una previsión del 5%. El Gobierno, en cambio, presenta una única estimación, del 3,9%, ya que entiende que el escenario con y sin prórroga de medidas es compatible con la misma cifra global de déficit público en 2023.
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