Una vez asumido que el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no se volverá a utilizar para revalorizar las pensiones y que en su lugar se utilizará la inflación, la Autoridad Independiente de Reponsabilidad Fiscal (AIReF) propone al Gobierno dos medidas que le permitirán ahorrar 2,1 puntos de PIB, es decir, 25.200 millones de gasto en el pago de pensiones durante los próximos 30 años.
Este montante sería similar al que ahorraría el Gobierno si siguiera implementando el IRP que creó el Ejecutivo del Partido Popular en 2013 (del 0,25%), y que ha sido abandonado de forma unánime por todos los partidos por el descontento de los pensionistas.
Lo positivo es que esta fórmula cuenta con la ventaja de que no impactará tanto en la tasa de cobertura (el poder adquisitivo de los pensionista), que pasará del 57% actual al 53% en 2048, frente al 45% al que llegaría con el IRP.
Se trata por tanto de una solución con un menor coste político y que no afectará a los pensionistas de hoy sino a los del futuro y la AIReF ha decidido lanzarla ahora porque ha detectado un déficit estructural en la Seguridad Social del 1,5%, un escenario que le obliga a pronunciarse y dar sus recomendaciones al Pacto de Toledo.
En concreto, proponen modificar los requisitos de acceso a la pensión -tanto anticipada como ordinaria- mediante el aumento de la edad efectiva de jubilación, que en España actualmente es de 62,4 años, inferior a la media de los países de la OCDE (64,3 años), y presenta una de las mayores distancias con la edad legal (de hasta 2,5 años).
Por cada año que se incremente la edad de jubilación a partir de 2027 -año en que se prevé que alcance los 64,5 años- se ahorrarán cuatro décimas de PIB (4.800 millones de euros).
En segundo lugar, la AIReF apuesta por incrementar el periodo de referencia para el cálculo de la pensión, que está fijado en los 20 años (aunque se prevé que llegue a los 25 en el año 2022), pero que está por debajo del utilizado por los principales países de nuestro entorno, en los que se usa la carrera laboral completa.
Aumentar la carrera de cotización hasta los 35 años en 2027 supondría un ahorro de 0,5 puntos de PIB (6.000 millones de euros) en 2050 sin apenas afectar a la suficiencia.
Ambas medidas deberán aplicarse de forma gradual para suavizar su impacto y permitir a los futuros pensionistas ajustar sus expectativas y adaptar sus decisiones de ahorro y trabajo
Con esta fórmula se neutralizará el incremento de gasto que supondrá ligar de nuevo la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, que según la AIReF será de 3 puntos de PIB (36.000 millones de euros) sólo en 2018 y 2019.
La desventaja de esta fórmula es que la deuda del Estado aumentará más que utilizando el IRP. En un escenario sin cambios, la deuda aumentará un 48,7% de PIB para el año 2048, pero si se amplía la edad de jubilación y se incrementa el periodo de referencia para el cálculo la deuda podría contenerse hasta un incremento de entre el 16,8 y el 26,5% de PIB. Con el IRP el incremento sería sólo del 5,8%.
Propuestas a corto plazo
¿Cómo solucionar el problema del déficit estructural? Para ello, la AIReF recomienda que se traspase ese déficit de la Seguridad al Estado, de forma que sea la Administración Pública la que incurra en un problema de desvío de déficit que tendrá que intentar contener vía deuda.
Proponen subir las cotizaciones que pagan empresas y empleados destinadas a la cobertura de contingencias comunes (o pago de pensiones) a costa de una bajada de tres o cuatro puntos porcentuales en las asignadas al pago de desempleo -que en España son del 7,1%, frente al promedio de 3,4% que hay en Francia, Alemania, Austria, Grecia, Holanda, Suecia, Finlandia e Italia-.
El total de las cotizaciones se mantiene sin cambios, pero cambia la distribución porcentual: baja la parte que se destina al desempleo y sube la que se dedica a contingencias comunes.
El Estado tendría que asumir gastos que ahora se cubren con las cotizaciones a la Seguridad Social, como son los de funcionamiento de la Seguridad Social, las medidas de fomento del empleo que consisten en reducir cotizaciones, las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales.
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