La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) asume que, tal y como está planteada ahora la segunda parte de la reforma de las pensiones que negocia el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no será suficiente para compensar el fuerte incremento que experimentará el gasto en pensiones con la primera parte de la reforma, aprobada hace un año y que obliga a revalorizarlas un 8,5% el próximo año.
Para compensar esta fuerte subida del gasto, que se consolidará en el tiempo junto al sobrecoste que supondrá el envejecimiento de la población, el incremento de los pensionistas -con la jubilación de los babyboomers-, y la entrada de beneficiarios con derecho a prestaciones más altas. Para recaudar más ingresos que compensen este incremento del gasto, Escrivá ha propuesto a los agentes sociales subir las cotizaciones máximas y aumentar el periodo de cálculo de los 25 a los 30 años (descartando los dos peores).
El pasado martes, un día después de que se conociera la propuesta del ministro Escrivá a los agentes sociales, la presidenta de la AIReF comentó en su comparecencia en la comisión de Presupuestos del Senado que su opinión de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, que se iba a publicar este mes de diciembre, se retrasa a enero a la espera de que Escrivá haga pública su reforma, aunque esta opinión, apuntó la presidenta, está "prácticamente cerrada".
Desde la AIReF aclaran que no se puede anticipar si será o no suficiente la reforma porque aún no se sabe qué anunciará el Gobierno finalmente ni su impacto en el gasto. No obstante, las declaraciones de la presidenta del organismo llegaron un día después de que Escrivá formalizara la propuesta de reforma que se esperaba.
La Autoridad Independiente se enfrenta a tener que cuestionar la reforma de su presidente hasta 2020, que además entonces defendía efectos que luego ha desechado, como el reconocimiento de que una subida de cotizaciones sociales impacta en el empleo, lo que como ministro de Inclusión ha negado.
En un informe publicado en abril de 2019, cuando presidía la AIReF, Escrivá advirtió de que las cotizaciones sociales en España "son relativamente altas", porque superan "en seis puntos la media de la OCDE", lo que ahora rechaza.
De hecho, Escrivá prepara una subida de cotizaciones sociales de cerca de 70.000 millones, de la que el 80% recae sobre las empresas, al extender el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta 2050, que se suma a la de 30.000 millones que entra en vigor este enero, según ha informado Vozpópuli. Es la propuesta que negociaba hasta ahora con los sindicatos a espaldas de CEOE para zanjar el cuestionamiento de la Comisión Europea a la sostenibilidad de la reforma de las pensiones y acompañar los dos flecos pendientes que se han discutido este lunes, la subida de bases máximas, que reportará en principio cuantías mucho más modestas, y del periodo de cómputo. Las tres cuestiones se incluirán en un Real Decreto-ley que debe estar aprobado antes del 31 de diciembre.
Déficit de la Seguridad Social
De base, la AIReF asegura que será "difícil" que se alcance la tasa de referencia del 0,5% en los fondos de Seguridad Social en 2023, donde se sitúa actualmente y que el Gobierno mantiene en los Presupuestos del próximo año, "toda vez que hay un incremento del gasto muy importante vinculado a la actualización de las pensiones con el IPC", según reconoció la presidenta de la AIReF en la Cámara Alta.
La Seguridad Social registró superávit entre 1999 y 2010, aunque ya en 2009, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera, inició una tendencia negativa, con disminuciones del saldo positivo en 2009 y 2010 y déficit a partir de 2011. El desfase de ingresos y gastos más elevado de la historia de la Seguridad Social se alcanzó en 2020, año de la pandemia, con un saldo negativo de 30.221 millones.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya ha advertido de que, de no ser por los denominados "gastos impropios" que el Estado financia a través de transferencias a la Seguridad Social por casi 20.000 millones, el déficit alcanzaría en 2023 el nivel más alto de la serie: 31.841 millones. Este cálculo excluye los ingresos extraordinarios obtenidos con el MEI, que elevará un 0,6% las cotizaciones desde 2023 y durante diez años y deben inyectarse en el Fondo de Reserva para pagar las pensiones a partir de 2032.
En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre de 2021, cuando la cerró, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó en enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Poco más que el gasto extra en 2023 por indexar al IPC en 2022 si se le añade la consolidación de la paguilla de 2022.
La deuda volverá a crecer
En este sentido, como el resto de organismos, la AIReF reclama una planificación plurianual para "no perder de vista la sostenibilidad fiscal" ante la suspensión de las reglas fiscales hasta 2024. "Es difícil hacer una previsión a medio o largo plazo, pero eso no puede suponer que no haya ningún dato sobre la mesa, aún cuando luego puedan criticarlo", comentó la presidenta.
A medio plazo, la AIReF espera que el déficit público de todas las Administraciones se estanque ligeramente por encima del 3% y la deuda se estabilice por encima del 100% hasta 2026, una vez que el crecimiento económico y la retirada de las medidas dejen de "ayudar". "A partir de 2026 se iniciaría una senda ascendente de la deuda, una vez que entran en el escenario riesgos a los que nos enfrentamos como, por ejemplo, el escenario demográfico", comentó.
En la opinión de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas que publicará en enero y que tiene "prácticamente cerrada" ofrecerá un escenario macroeconómico y fiscal a políticas constantes e incluirá una proyección del gasto en pensiones, del gasto en sanidad y del gasto en dependencia, que son gastos que suponen "grandes retos vinculados al envejecimiento".
También incluirá un escenario fiscal de ingresos, entendiendo que "un 50% del incremento de la recaudación en 2022 fue por la inflación y ese porcentaje va a ser mayor en el 2023". Además, "hay una parte, un aumento de las elasticidades, que no sabemos explicar y que, por lo tanto, no sabemos si serán estructurales o coyunturales", comentó la presidenta de la AIReF.
"Sacar una opinión de sostenibilidad con una previsión del gasto en pensiones que no incorpore unas medidas que se van a presentar en los próximos días nos obliga a que, aunque ya la tenemos prácticamente cerrada, la demoremos hasta el mes de enero, con esa intención de facilitar el debate fiscal y de proporcionar datos que puedan ser útiles a todos los niveles", concluyó.
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