La Comisión Europea ha tenido que ceder a las presiones de Alemania y Holanda y endurecer los controles sobre los países más endeudados e incumplidores, como España, en su propuesta definitiva sobre las reglas fiscales que ha presentado este miércoles. Habrá sendas de ajuste y sanciones fijas y se mantendrá el procedimiento por déficit excesivo para los que superen el límite del 3%, con control del resto de los Estados miembros, a pesar del intento del Gobierno de Pedro Sánchez de que hubiera reglas a la carta y un trato principalmente bilateral entre Bruselas y cada Estado miembro.
El borrador que publicó el pasado 9 de noviembre la Comisión y las informaciones que venía transmitiendo ponían el foco en que se trataba de una simplificación de las reglas, centradas en unos objetivos de deuda con un tope del 60% a medio plazo, y con mayor implicación de los Estados miembros. En este escenario y en aras de la eficacia del modelo, planteaba que hubiera multas menos voluminosas pero más frecuentes y efectivas.
El nuevo artículo 12 de la Regulación del Consejo No 1467/97 sobre el procedimiento de déficit excesivo plantea que las multas serán semestrales en lugar de anuales pero con unas ratios que serán al final similares. Se partirá de sanciones del 0,05% del PIB, esto es, de unos 660 millones para España con datos de 2022, que se irán acumulando, con un tope del 0,5% del PIB, cerca de 6.600 millones, más de 12.000 millones al año.
España, el único candidato a multa en 2016
Tras la presión de Alemania y Holanda se ha establecido que los países con un déficit superior al 3% del PIB tendrán que reducirlo en un 0,5% del PIB cada año, una obligación que hasta ahora sólo se aplicaba a quienes tenían abierto un expediente por exceso de déficit. El objetivo es asegurar que los países no retrasan los ajustes fiscales, pero evitar también ajustes tan grandes que sean contraproducentes.
Cabe recordar que hasta la fecha la Comisión no ha sancionado a ningún Estado miembro por el procedimiento de déficit excesivo y que sólo estuvo cerca de hacerlo con España en 2016, a resultas de la reforma fiscal de Cristóbal Montoro con una gran bajada de impuestos que entró en vigor en 2015. El anuncio exprés de Luis de Guindos en Bruselas en julio de 2016 de una subida del Impuesto sobre Sociedades de 6.000 millones, que entró en vigor en septiembre con efectos desde enero, salvó a España de la multa.
La presión de Alemania y Holanda
Esta posición de Alemania y Holanda se ha producido a pesar de que el gobierno de coalición con socialdemócratas y verdes en Alemania llevó a Pedro Sánchez a contemplar que fuera un aliado en su búsqueda de una senda fiscal más flexible. Y de que la propia Nadia Calviño lanzara en abril de 2022 una propuesta conjunta de reglas fiscales con su homóloga holandesa, Sigrid Kaag, de una reforma del Pacto de Estabilidad que permitiera establecer estrategias de consolidación específicas para cada país "realistas, graduales pero ambiciosas".
"La presentación conjunta de un documento de España y Holanda, dos países que tradicionalmente han tenido posiciones diferentes en el ámbito de las reglas fiscales, envía un mensaje muy importante. Es el momento de la unidad y la determinación", destacó Calviño. "No perdamos energía y tiempo en diferencias superficiales", añadió su colega holandesa.
Sin embargo, el pasado 2 de noviembre, Kaag se desmarcó con un texto en solitario mucho más duro en el que pedía "salvaguardias claras para garantizar que la Comisión y el Consejo tomen medidas cuando los Estados miembros no cumplan las normas, incluida la aplicación de los procedimientos de déficit excesivo. Esto es especialmente importante para los países con alto riesgo de sostenibilidad de la deuda, añadió, en clara referencia final a España, entre otros.
Con todo, la propuesta para reformar las normas de disciplina fiscal presentada este miércoles por el Ejecutivo comunitario dará más flexibilidad a los Estados miembros para diseñar su ritmo de recorte de la deuda pública ya que cada Gobierno acordará con la Comisión un plan fiscal a cuatro años, ampliables a siete bajo ciertas condiciones.
"Nuestras propuestas permiten una rendición de cuentas más creíble como contrapartida a un marco de supervisión que da más flexibilidad a los Estados miembros para diseñar sus trayectorias fiscales", ha insistido en rueda de prensa el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
Esos planes a cuatro años, ampliables a siete años, basados en criterios técnicos propuestos por la Comisión y que tendrán que ser avalados por el resto de socios comunitarios, establecerán una senda fiscal basada en el crecimiento del gasto público que deberá asegurar que en ese plazo los países cuya deuda supere el tope del 60% del PIB la reducen de forma "plausible" o la llevan a niveles "prudentes".
Alemania intentó que se exigiera una reducción anual de la deuda del 1% del PIB.
Ajustes en la primavera de 2024
La entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales se ha planteado para 2024 pero no está claro cómo se va a desarrollar salvo que 2023 y también 2024 suponen como un periodo de transición y que incluso el nuevo marco no estaría plenamente operativo hasta 2025. Ya en la primavera del año que viene se plantea que se inicien procedimientos de ajuste para quienes superen el tope del 3% del déficit. Entre ellos, España, que prevé un déficit del 3,9% este año y del 3,3% el que viene. A la espera de una actualización de la senda en el Programa de Estabilidad que debe remitir a Bruselas antes del 30 de abril.
La intención de Alemania es acelerar los controles, lo que ya se ha desvelado como un asunto conflictivo en los últimos Eurogrupos, que deberá gestionar Calviño cuando el Gobierno español asuma la Presidencia rotatoria de la UE en julio.
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