El pasado 12 de mayo el registro horario cumplió tres años en vigor, aniversario que ha coincidido con el anuncio de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que prepara un algoritmo para controlar las horas extra. Y es que, pandemia mediante, el objetivo principal de la regulación del registro horario no se ha cumplido: el número de horas extra no pagadas es ahora mismo mayor que en 2019 y sigue una tendencia al alza o en todo caso similar a la de antes de que el primer Gobierno de Pedro Sánchez implantara la obligación de registrar la jornada.
Con este anuncio, Díaz salió del paso en Valencia sobre la semana de cuatro días en la clausura de una cumbre sindical sobre este asunto, que abandera Más País, donde dijo que apuesta por un modelo flexible. Advirtió de que se pueden hacer jornadas interminables en una semana de cuatro días y destacó que reducir el "abuso" y el "excesivo" número de horas extra es un paso "imprescindible", si no el primero, para una "necesaria reordenación del tiempo de trabajo".
"Con un ‘click’ podemos controlar los fraudes que tenemos", ha apuntado sin dar más detalles de este proyecto. Díaz ha enmarcado esos planteamientos en el marco de la elaboración de la Ley de Usos del Tiempo, uno de los proyectos pendientes del Ministerio de Trabajo, y ha insistido en la necesidad de abordar una revisión de la jornada de 40 horas semanales, de las excedencias y de la necesidad de introducir más flexibilidad con el uso, por ejemplo, de bolsas de horas.
La vicepresidenta ha incidido en que la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre muestra que cada semana en España se realizan 6,6 millones de horas extraordinarias semanales y 27 millones de horas extra al mes. De ellas, ha advertido Díaz, el 44% no se remuneraron, lo que supone cerca de "2,9 millones de horas extraordinarias sin recibir compensación alguna", ha lamentado. "Esta realidad es inaceptable", ha subrayado, antes de puntualizar que, sin embargo, a su juicio, se trata se la cifra "más baja desde 2011". "Pero yo no me voy a conformar", ha asegurado.
Según la estadística de horas extra de la EPA, en el primer trimestre de 2019, se registraron 2,636 millones de horas extra sin pagar a la semana, por 2,888 millones en 2022, y la tendencia es una continuidad o un alza en los últimos años. En lo que respecta a las horas extra pagadas, se ha producido un repunte desde finales de 2021 y son en el primer trimestre de 2022 ya 3,754 millones por 3,042 que se registraron en el primer trimestre de 2019. Sin embargo, su evolución desde 2011, los datos más antiguos que refleja el INE, muestra que no son muchas más que las que se han ido generando en trimestres anteriores a la entrada en vigor del registro horario.
Ni Díaz ni Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, han aclarado después del anuncio inicial en qué consiste el algoritmo, sobre el que todavía no hay borradores. Sólo se ha apuntado que facilitará obtener indicios que permitan identificar las horas extra que las empresas tienen ocultas y no declaran, con la idea de hacerlo en función del tamaño de la plantilla y el volumen de negocio, por ejemplo, lo que ofrecería una base para extender actas automatizadas cuando se sobrepase en una empresa el límite de horas extra que la plantilla podría realizar en función del número de contratos.
La Inspección de Trabajo
La actuación inspectora sobre horas extra está prevista en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) 2021-2023. Así se recoge en el objetivo 18, sobre el refuerzo de la ITSS ante los comportamientos infractores de la normativa en materia de tiempo de trabajo, y en la actuación 18.1, que trata sobre que la ITSS pueda luchar contra los incumplimientos en materia de jornada y descansos y contra las horas extraordinarias no declaradas ni pagadas.
Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, señala que el registro horario ha facilitado a la Inspección el cerco de las horas extra, aunque advierte de la falta de medios de que disponen y se muestra escéptica sobre el efecto de un algoritmo. Hay pymes que no tienen medios para llevar un registro horario que no sea en papel, apunta.
El 19 de mayo de 2019, la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, culpó a las empresas del caos que se produjo con la entrada en vigor del registro horario, para el que habían tenido un periodo de adaptación de tres meses.
El Ministerio tuvo que publicar poco después una Guía sin rango normativo ante las dudas de las empresas y de los trabajadores. La obligación de registrar el horario la desarrolló el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que pretendía responder a las sentencias del Tribunal Supremo que no establecieron una obligación general pero sí señalaron que era conveniente que se clarificase la obligatoriedad de establecer un registro horario con el fin de facilitar la prueba de los trabajadores en el marco del proceso de reclamación de horas extraordinarias.
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