El Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida al frente, ya está trabajando en el desarrollo de la ordenanza que regula el taxi para permitirles ofrecer el servicio de taxi compartido entre diferentes personas que realicen la misma ruta, dividiendo el coste total del viaje. Es un servicio que Uber, bajo la marca Uber Pool, lleva tiempo queriendo implantar en España.
Desde la multinacional, que trabaja con este sistema en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres o Buenos Aires, confiesan que sus usuarios en España "también demandan" la opción de compartir el vehículo y pagar únicamente por su plaza, lo que abarata el precio del servicio, "pero está prohibido".
A nivel nacional, la ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT) señala que los servicios en los trayectos interurbanos deben ser contratados "por toda la capacidad del vehículo utilizado" y prohíbe tanto al taxi como a empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify la venta de plazas de manera unitaria.
El caso aislado de Madrid
Sin embargo, ambas modalidades de transporte cuentan con su propia regulación en cada comunidad autónoma y ciudad. En el caso particular de la Comunidad de Madrid, en abril de este año el Gobierno de Ángel Garrido llevó a cabo una modificación del Decreto 74/2005 por la que se permite al taxi ofrecer los viajes compartidos "cuando se realice con contratación previa y a través de cualquier medio que garantice los derechos del consumidor".
Pero para que esto se haga efectivo, el Ayuntamiento de Madrid debe desarrollar una ordenanza que lo regule. La portavoz del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, la edil 'popular' Inmaculada Sanz, anunció hace unas semanas el inicio de una consulta pública con los principales representantes del sector para "facilitar la competencia del sector del taxi", frente al crecimiento de plataformas como Uber y Cabify.
El abogado y representante de Fedetaxi, Emilio Domínguez del Valle, explica a Vozpópuli que esta regulación se aplicará únicamente al taxi, puesto que en el caso de las VTC "primero habría que desarrollar una ley a nivel autonómico y que los ayuntamientos regulasen los servicios urbanos". La exalcaldesa Manuela Carmena desarrolló un borrador de la ordenanza que, tras las elecciones del 26 de mayo, no se terminó de aprobar.
Emilio Domínguez asegura que la nueva normativa beneficiará al taxi puesto que "la demanda desde smartphones se ha incrementado casi un 18%, mientras que en la contratación directa en calle y parada se percibe desde hace años un retroceso que sugiere la necesidad de ajustar determinadas reglas". "El sector del taxi necesita cambios", sentencia el abogado. No obstante, descarta que a medio plazo se desarrolle un real decreto que reglamente y permita esta actividad a nivel estatal en trayectos interurbanos.
Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, en la capital hay más de 15.600 licencias de taxi, una cifra cada vez más próxima a la de VTC (8.239). El proyecto del Consistorio también pretende introducir el precio cerrado en los viajes en taxi, algo que muchos consideran como la "uberización" del sector por su necesaria digitalización y uso de una aplicación móvil en sus operaciones.
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