Empiezan a saltar las alarmas en el alquiler. La inflación ha entrado en una espiral que amenaza con 'tragarse' las rebajas del mercado por la covid tras un encarecimiento del 50% desde 2013. Los analistas macroeconómicos advierten de que el Índice de Precios de Consumo podría sufrir en cuestión de meses o semanas un alza superior al 10% por la crisis energética (gas petróleo y electricidad), que se está viendo agravada por las derivadas de la invasión rusa sobre Ucrania. El dato es significativo para el alquiler ya que supondría que en los contratos que se vayan renovando conforme al IPC no solo se extinga el descuento medio que encajaron los precios durante la pandemia sino que suban aún más, según se desprende de la información que arrojan distintos portales y agentes inmobiliarios.
El dato final de inflación del mes de febrero, con un alza en el IPC del 7,6%, está ya por encima del 7,5% de distancia que guardan actualmente los precios de los arrendamientos con su máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2020 según los registros de Idealista.
A día de hoy, los alquileres se comercializan con precios que están unos 50 euros por debajo del pico al que se llegó con inercias precovid. Una inflación del 10% como la que se empieza a proyectar para este mismo marzo de 2022 derivaría potencialmente en renovaciones de contratos con incrementos de 70 euros mensuales para un alquiler tipo de dos habitaciones en el conjunto del mercado.
Para un alquiler tipo de un inquilino en Madrid con un sueldo neto de 1.800 euros y un arrendamiento de 850 euros al mes en marzo de 2021, el coste se habría elevado en 96,5 euros incluyendo la subida de la luz y el gas
El impacto sería ya de unos 80 euros al mes en los principales puntos de demanda, como Barcelona, Madrid o San Sebastián. Si se mantuviera la tendencia de los últimos dos meses y se alcanzara en abril una inflación del 12,5%, los caseros se verían en la tesitura de aplicar o no subas de 100 euros mensuales en los nuevos contratos.
La casuística del alquiler y la luz
Un extremo ya factible pero por ahora algo lejano. Entre diciembre y febrero, la mayoría de los caseros han aplicado la inflación sobre las renovaciones de contratos como les permite la Ley de Arrendamientos Urbanos pero no al 100% sino, en muchos casos, a la mitad. De acuerdo a una encuesta de la Agencia Negociadora del Alquiler -que administra unos 5.000 alquileres-, el 15% de los propietarios han repercutido toda la inflación en las rentas renovadas mientras que un 20% optó por renovar arrendamientos sin recargos.
"Los caseros se encuentran con casos donde cargar toda la inflación supone un golpe importante para el inquilino, ya que si a ello se suma el encarecimiento de la luz y el gas, estamos hablando de subidas superiores a los 100 euros al mes, aunque la casuística es muy diversa", afirman desde una empresa del sector de arrendamientos.
Atendiendo a una estimación de la Agencia Negociadora del Alquiler, para un alquiler en Madrid que costaba 850 euros al mes en marzo de 2021 -el precio promedio-, el coste se ha elevado en 96,5 euros mensuales incluyendo la inflación y la suba media en estos doce meses de la luz y el gas.
La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler - que aúna a buena parte de los grandes tenedores y también a particulares - llegó a estimar que existen unas 350.000 familias en España que viven en alquiler bajo una situación de profunda vulnerabilidad económica. Para ellas, el pago del alquiler representaría, de media, un 48% de sus ingresos frente al 30% consensuado como salubre. El catedrático de Economía Aplicada por la UAB Josep Oliver ha calculado que en España existen unos 700.000 hogares españoles con bajos ingresos que destinan cerca de un 40% de su renta al alquiler, y unos 500.000 hogares que dedicarían más del 40%.
Fuentes del mercado estiman que la actual situación podría elevar en al menos 2,5 puntos porcentuales el peso del alquiler sobre la renta, lo que volvería a incrementar el volumen de las familias bajo el umbral de vulnerabilidad tras las rebajas y medidas gubernamentales de choque por la covid. Desde la propia ANA aseguran haber trasladado a sus clientes -que operan con inquilinos con ratios de endeudamiento inferiores al 30%- que tengan igualmente en cuenta la evolución de los salarios de los arrendatarios a la hora de decidir si repercutir o no la inflación en los nuevos contratos. Paralelamente, según sus datos, antes de la pandemia había entre 570.000 y 855.000 propietarios particulares de más de 55 años que estaban en situación de especial vulnerabilidad por estar jubilados y/o tener la vivienda en alquiler como principal fuente de ingresos.
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