El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha hecho una afirmación tras pactar la subida de cotizaciones con los sindicatos -a espaldas de CEOE- que desafía la ortodoxia de la literatura académica: incrementarlas no tiene impacto sobre el empleo. Y una segunda aseveración que reta las estadísticas: las cotizaciones sociales en España están por debajo de la media. Estas declaraciones contradicen lo que el propio Escrivá decía poco antes de ser ministro. Altos cargos y asesores del Gobierno también han defendido lo contrario.
Es el caso de Alain Cuenca, director del Instituto de Estudios Fiscales desde 2018, organismo que depende del Ministerio de Hacienda y para el que ha sido nombrado por la ministra con rango de director general. Y entre los expertos designados por María Jesús Montero para asesorar al Gobierno en la reforma fiscal, Santiago Lago Peñas y Carlos Monasterio lo han planteado. A su vez, se ha mostrado partidario de rebajar las cotizaciones sociales Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria. Por su parte, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha escrito a favor del Factor de Sostenibilidad del PP y de recortar las pensiones.
Según el informe de Funcas firmado por Alain Cuenca y Santiago Lago Peñas en mayo de 2019 El sector público español: reformas pendientes, "España destaca por tener un nivel de cotizaciones elevado. Estaría en el grupo de países donde los ingresos por cotizaciones representan un nivel alto (más del 35%) en el numerador de la presión fiscal". En este grupo, están Alemania, Francia, Grecia, Holanda, República Checa y Polonia, enumeran. Y, "en el otro extremo, por debajo del 20%", aluden a otros países como Reino Unido, Suecia, Irlanda y Malta.
Además, Cuenca y Lago Peñas advierten de que "España es el país donde es más elevada la carga soportada por los empleadores, junto a Grecia y la República Checa. En el resto de los países, el reparto de la carga suele ser más equilibrado entre empleadores y empleados, siendo incluso más alta la soportada por los empleados en países como Alemania".
El informe cita a Boscá, Domenech y Ferri (2017), que realizan la comparación de los tipos impositivos implícitos con un conjunto de economías de referencia para España que denominan los países de la UE-8, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Reino Unido y Suecia, concluyendo que "frente a las principales economías europeas, España se ha caracterizado en las últimas dos décadas por tener una estructura fiscal con una baja imposición sobre el consumo, con cotizaciones sociales elevadas, con una menor imposición sobre las rentas del trabajo, una vez excluidas las cotizaciones sociales, y con una imposición sobre el capital en línea con el promedio de la UE-8".
"Debate recurrente"
Cuenca y Lago Peñas también aluden al "debate recurrente en torno a la necesidad de reducir las cotizaciones sociales soportadas por los empresarios españoles a fin de disminuir el coste del factor trabajo y aumentar, en consecuencia, el empleo" y citan un estudio de Bajo y Gómez (2014) que llega a la conclusión de que "reducir de forma importante la tasa de desempleo solo es posible con una fuerte rebaja en los tipos de cotización (cinco puntos de reducción conllevaría una caída del 2,5% en la tasa de desempleo)".
Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo y miembro del comité de expertos para la reforma fiscal, ha defendido en distintos estudios el elevado nivel de las cotizaciones sociales en España, especialmente las que recaen sobre la empresa, de las más altas de la OCDE, ha sostenido, a pesar de que su importancia en el PIB es baja, como alegó ayer Escrivá. En Análisis económico de la financiación de la Seguridad Social Española, Monasterio sostiene que el mayor peso de las cotizaciones sobre el empresario en España puede repercutir en un notable encarecimiento del factor trabajo y de los costes laborales unitarios de las empresas, lo que reducirá la capacidad generadora de empleo de la economía española. Sobre su impacto en el empleo, señala que un nivel muy alto de cotizaciones puede dificultar o limitar la contratación y contribuir a explicar la reducida estabilidad del empleo.
Gonzalo García Andrés, hasta mayo socio director de Economía en Analistas Financieros Internacionales (AFI) y profesor en el Máster de Finanzas de AFI Escuela, se mostraba entonces partidario de no elevar el poder adquisitivo de los pensionistas. De hecho, en junio de 2020 consideraba en Cuatro reformas para la recuperación que "sería un gesto de los pensionistas aceptar una reducción de sus pensiones nominales el año que viene. Sería coherente, además, con el mantenimiento de su poder adquisitivo. Si no se reducen se estará de nuevo aumentando el poder adquisitivo de los pensionistas en un entorno de fuertes caídas en las rentas reales de los trabajadores activos". En este artículo, remachaba: "El momento exige plantear de una manera abierta el debate público: la pandemia ha vuelto a golpear con fuerza a los jóvenes. Y si antes alguien lo dudaba ahora ya está claro: si mantenemos el ritmo de absorción de recursos públicos hacia el sistema de pensiones sin cambios, habrá que tomar medidas más drásticas en la próxima década, cuyos costes se concentrarán en algunas cohortes en vez de ir distribuyéndolos a lo largo del tiempo".
La posición de Escrivá
En aquel momento, en el blog New Deal, alabó lo que defendía Escrivá; eso sí, subrayaba, antes de entrar en el Gobierno: "El ahora ministro de Seguridad Social proponía empezar con el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal, la ampliación del período de cálculo de la pensión y la asunción por el Estado de los gastos que ahora asume la Seguridad Social y no tienen un componente de previsión social. Se trataba de ir reduciendo de manera gradual la pensión de entrada al sistema".
Porque entendía que "tras las reformas de 2011 y 2013, en los últimos años hemos retrocedido en los esfuerzos para moderar las consecuencias fiscales del envejecimiento de la población". Pero incluso sostuvo que estas medidas que proponía Escrivá fuera del Gobierno no serían suficientes y habría que incluir otras más contundentes como "la revisión de las pensiones de viudedad o el mantenimiento del Factor de Sostenibilidad que el acuerdo del gobierno de coalición proponía derogar".
Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria desde 2018 y director general de Tributos entre 2008 y 2011, ha participado habitualmente en seminarios y conferencias, además de publicar en 2013 el libro Diagnóstico y propuestas para una Reforma Fiscal (Estudios Civitas) y de tener un blog, espacios en los que ha defendido que reducir las cotizaciones sociales mejoraría la actividad y el empleo. En 2013, abogaba por subir el IVA y los Impuestos Especiales, y bajar los impuestos directos (IRPF e Impuesto sobre Sociedades) y las cotizaciones sociales. A su juicio entonces, en España hay demasiados impuestos sobre el trabajo y en las rentas más bajas, el efecto agregado del IRPF y las cotizaciones sociales es excesivo.
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